Una crisis que se extiende sin fin

Por Ernesto Castro            

              A mediados del  año 2014, la desconfianza en las instituciones se acentuaba en el país con la irrupción del caso Penta y el descubrimiento del financiamiento fraudulento de las campañas políticas. Estos casos se agregaron a la profunda crisis política indicada por los mismos miembros del poder político: como la de mayor gravedad de los últimos cien años.          

  La tarde del 27 de Enero del 2016, un visiblemente satisfecho ministro secretario General de gobierno, Nicolás Eyzaguirre, enfrentaba a un grupo de periodistas para señalar al país que: “La ciudadanía ha solicitado nuevos estándares de probidad y transparencia”. El día anterior, se habían despachado los proyectos que incluían medidas sobre la institucionalidad, funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, la propaganda, campañas electorales y sanciones ante irregularidades. Tres meses después se publicó en el Diario Oficial la “Ley para la transparencia y fortalecimiento de la Democracia”.

Un año más tarde estas bulladas medidas adquirían un efecto boomerang que amenaza con un verdadero “big bang” de los partidos políticos  y, en consecuencia, han puesto la nota de suspenso con respecto a las candidaturas presidenciales, en particular, la de una de las cartas preferidas del empresariado: el ex presidente y militante del PPD Ricardo Lagos.

Al panorama descrito se suman la creciente abstención electoral en el último proceso de elecciones municipales, con las de un 60%, la reinscripción automática  y el voto voluntario, la necesidad de remarcar la cancha para el desenvolvimiento de los partidos políticos y su financiamiento por parte del estado, la búsqueda de recuperar  parte de la credibilidad perdida y los esfuerzos por imponer la agenda política por sobre la de los escándalos de corrupción en tribunales. Pretenden así, enfrentarse a partir de una Comisión (Engels) que, al final de algunos expectantes meses de trabajo, planteo una gran cantidad de medidas de entre las cuales solo algunas pasaron a formar parte del proyecto de ley, entre esas, la que pone como condición a la entrega de recursos estatales, la reinscripción de los militantes de los partidos políticos, con el plazo fatal del 27 de Abril del 2017.

             A muy pocos días de haber vencido este plazo y después de un año de que todas las colectividades iniciaran las campañas para la reinscripción, ya se ven muestras de nerviosismo y hasta de desesperación por parte de algunos connotados voceros de la casta política. Exigiendo, desde la extensión del plazo por parte del Servicio Nacional Electoral, Servel (Sergio Bitar), hasta la posibilidad de una ley corta que les permita, simple y llanamente salirse del atolladero por decreto. Esto último descartado por el Rey de los cambullones y jefe de cocina del congreso, Andrés Zaldívar, quien declaró que “La ciudadanía podría ver en esto una maniobra a sus espaldas para desconocer una ley”.

         Sea como sea, cualquier desenlace no arregla el problema de fondo, sino todo lo contrario: es otra gota que tarde o temprano terminará por rebasar el recipiente en que está contenida esta tremenda crisis política, social e institucional que vive el país. 

          Nosotros, en tanto no debemos dejar de aprovechar esta oportunidad que ofrece la pésima realidad de los poderosos y su sistema de contención y manipulación de los intereses del conjunto de los que trabajan para vivir. Es necesario avanzar a un mayor aglutinamiento de los sectores que plantean la construcción de una nueva sociedad al servicio de los trabajadores, empujando con todas las fuerzas y con la mayor claridad las demandas más sentidas por el pueblo de Chile, apoyando aquellas luchas que sirven a la causa de los oprimidos. A no prestar ropa, a un sistema político corrupto participando de un juego eleccionario que, en este contexto histórico, no hace más que ayudar a dar vida al agonizante “modelo democrático chileno”.