Sindicato de Banco Ripley se manfiesta en rechazo a servicios mínimos en la banca

Viernes 9 de junio – En las afueras de la Dirección del Trabajo, ubicada en Agustinas 1253, dirigentes del sector financiero agrupados en la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, junto a dirigentes de diversos sectores que se ven perjudicados por lo que en aplicación la reforma laboral, se manifestaron contra la resolución evacuada por la Dirección Regional del Trabajo que mantiene en operación a Banco Ripley en caso de salir sus trabajadores a la huelga como resultado de la negociación colectiva en curso.

Compartimos el comunicado emitido por el Sindicato de Empresa Banco Ripley:

“Esta semana se ha hecho público el fuerte lobby que está desplegando el empresariado y diversos agentes del estado para privar de derecho a huelga efectiva a los trabajadores bancarios “por secretaría”. Las presiones se están ejerciendo sobre la Dirección del Trabajo para que, a través de la calificación de servicios mínimos, garantice a los bancos una continuidad operacional en caso de huelga, evitando la paralización de la “cadena de  pagos”. En esa cruzada han sumado importantes aliados, como la Superintendencia de  Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central, quienes justifican las actividades del giro bancario como “necesidades básicas para la población”.

Prueba de esta intensa presión ha sido la reciente resolución de la Dirección Regional del
Trabajo Metropolitana Poniente, que garantiza a Banco Ripley continuidad operacional a
través de mecanismos tecnológicos. Un verdadero “reemplazo electrónico”. Y además le
proporciona 2 vigilantes para que las 47 sucursales Banco Ripley del país atiendan publico
12 horas continuas, llegando al absurdo de otorgar más vigilantes de los que la empresa
tiene contratados (un total de 94 en circunstancias que Banco Ripley solo tiene 87 vigilantes
y 6 de ellos se encuentran con licencia médica).

La eficacia de la estrategia empresarial responde también a los servicios de conocidos
abogados democratacristianos, que por años trabajaron en el Estado y ahora ofrecen las
redes y conexiones que forjaron en él para influir en las decisiones de la Dirección del
Trabajo. Este es el caso de Marcelo Albornoz, ex Director del Trabajo, quien representa los
intereses de las empresas “Ripley”, y de Luis Felipe Sáez, secretario del cuerpo arbitral de
las empresas sin derecho a huelga, a quien Banco de Chile encomendó la calificación de
servicios mínimos. En el caso del primero, su compenetración con su cliente es de tal
magnitud que uno de los abogados de su estudio jurídico, Hernán Juri, se desempeña al
mismo tiempo como abogado Jefe de Relaciones Laborales enRipley (información que
consta en la página web www.albornozycia.cl y en la intranet de la empresa). Cuando el
señor Albornoz va a la Dirección del Trabajo, ¿va a visitar viejos colegas, camaradas o a
abogar por su cliente?

Banco Ripley ni siquiera forma parte de la “cadena de pagos” (es un banco biproducto),
pero su importancia radica en que, lo que a su respecto se resuelva sobre servicios mínimos,
representará un “piso” para el resto de la banca. Ahora la decisión está en manos del
Director Nacional del Trabajo, Christian Melis, quien debe resolver los recursos jerárquicos
interpuestos por sindicato yempresa, pero lamentablemente sus compromisos políticos
nos llevan a confiar más en la decisión futura de los tribunales de justicia.”

– SINDICATO DE EMPRESA BANCO RIPLEY

Además compartimos el comunicado de la Confederación de Sindicatos Bancarios quienes estuvieron presentes en apoyo a los y las trabajadores del Banco Ripley:

“Esta semana se ha hecho público el fuerte lobby que está desplegando el empresariado y diversos agentes del Estado para privar de derecho a huelgaefectiva a los trabajadores bancarios. Las presiones se están ejerciendo sobre la Dirección del Trabajo para que, a través de la calificación de “serviciosmínimos”, garantice a los bancos una continuidad  operacional en caso de huelga, evitando la paralización de la “cadena de pagos”, sumando importantesaliados, como la Superintendencia de Bancos y Banco Central, quienes justifican las actividades del giro bancario como “necesidades básicas para lapoblación”.

En esta estrategia de debilitar al sindicalismo, se suma la reciente resolución de la Dirección
Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, que garantiza a Banco Ripley continuidad
operacional a través de mecanismos tecnológicos. Un verdadero “reemplazo electrónico”.
Y además, le proporciona vigilantes para que las 47 sucursales Banco Ripley atiendan
público 12 horas continuas, llegando al absurdo de otorgar más vigilantes de los que la
empresa tiene contratados (un total de 94 en circunstancias que Banco Ripley solo tiene 87
vigilantes).

En diciembre de 2015, cuando Javiera Blanco (DC) instaló el tema de los “servicios
mínimos”, señalamos que el gobierno fraguaba una reforma cuyos resultados serían peores
para los trabajadores. Hoy lo confirmamos. Michelle Bachelet “ha emparejado la cancha
para el lado de los empresarios” y, en la práctica, con su “reforma” nos ha debilitado mucho
más que con el Plan Laboral de Piñera y la Dictadura. Impresionante ha resultado la eficacia
de un sector de lobistas de la D.C., es el caso de Marcelo Albornoz, ex director del trabajo
y de Felipe Sáez, secretario del cuerpo arbitral de las empresas sin derecho a huelga,
quienes se suman al predominio que la Democracia Cristiana tiene en el Ministerio del
Trabajo y en la Dirección Nacional del Trabajo

Banco Ripley ni siquiera forma parte de la “cadena de pagos”, pero su importancia radica
en que, lo que a su respecto se resuelva sobre servicios mínimos, representará un “piso”
para el resto de la banca. A partir de ahora las negociaciones se harán más complejas,
este gobierno armó un entramado que llevará las negociaciones colectivas al campo de lo
jurídico, sin importar que ello, afecte el interés de quienes buscan mediante la negociación
mejorar las condiciones económicas y laborales. En síntesis, esta reforma mediocre,
avalada obsecuentemente por la directiva de la CUT despoja a los trabajadores chilenos de
un arma importante de distribución del ingreso y, perpetúa en beneficio de los empresarios
un ordenamiento jurídico que será mucho más complejo acabar con él y profundiza la
distribución regresiva del ingreso, situando a Chile como uno de los países más injustos del
Mundo.

Rechazamos tajantemente el lobby, denunciado por el sindicato, entre colegas DC dentro
y fuera de la Dirección del Trabajo. La aplicación de esta resolución, sería la concreción del
mayor descaro en el actuar de un organismo público, echando por tierra la mínima ilusión
de la prevalencia del derecho por sobre intereses particulares y partidarios”