Operación Huracán ¿Otro “mal entendido”?

Por Victoria Cárdenas

Hace un par de meses vimos el “éxito” (según el gobierno) de la “Operación Huracán”, operación que consistió en la detención de comuneros mapuche posterior a una investigación que había llevado adelante un organismo especializado de inteligencia de Carabineros en la Araucanía, este órgano había entregado al Ministerio Público  pruebas contundentes (según su criterio) para perseguir penalmente a varios comuneros que habrían sido ligados a atentados incendiarios en la región. En base a estos antecedentes entregados por Carabineros se abre la investigación y con autorización del tribunal de garantía de la región se procede a la formalización de 8 personas que supuestamente habían sido ligadas con algún grado de participación en los hechos que se habían investigado. Posterior a la formalización se decreta un plazo de investigación en la audiencia de formalización, quedando los “imputados” en prisión preventiva. Hasta ahí teníamos al gobierno y a Carabineros celebrando por esta “gran operación” que había sido dirigido por este órgano de inteligencia de Carabineros. El gobierno como parte querellante a través de la intendencia fue parte de todo este proceso, también celebrando en conjunto con el resto de los interesados del “éxito” y la gran capacidad que había demostrado tener Carabineros de Chile en este proceso investigativo. Sin embargo, hemos visto a través de los medios de comunicación  lo que ha ocurrido estas últimas semanas, primero la fiscalía decide analizar las pruebas (entregadas por Carabineros) con otros peritos del Ministerio Público, en ese proceso se encuentran que varias de las pruebas que fueron la  base para poder iniciar la investigación habían sido adulteradas, posteriormente a eso no sólo llegan al hecho de que se adulteró la información sino que directamente se habían creado pruebas falsas para inculpar a las personas que habían sido sometidas a investigación. A su vez de todos los nuevos análisis que se les pide a Carabineros que se realicen no son capaces de cumplir con el plazo otorgado por el juzgado de garantía para la investigación, por lo que las pruebas presentadas en un primer momento no eran concluyentes ya que se tenía toda esta sospecha en torno a que las principales pruebas que se habían utilizado para inculpar ahora estaban siendo cuestionadas en su veracidad.

¿Cuál es el giro que se da? La fiscalía toma la decisión de no perseverar en la investigación y con eso se declara el sobreseimiento definitivo de la investigación. Hasta aquí el caos comenzaba a reinar en las instituciones, por una parte Carabineros se tiran con todo en contra de la fiscalía acusando de que al interior de esa institución existe filtración de información hacia comunidades mapuche, por otro lado la fiscalía acusa directamente a Carabineros de falsificar pruebas y el gobierno un poco mareado ante el escándalo público decide simplemente decir que no conocían todos los elementos de la investigación (lavándose las manos con lo de Carabineros y presionando a la fiscalía para que se liberaran todos los antecedentes de la investigación), después buscan un mecanismo para que no se cerrara definitivamente la investigación, luego acuerda una reunión entre el general director de carabineros y el fiscal nacional para que no se siguieran peleando ambas instituciones por la televisión y así sucesivamente un montón de decisiones erráticas en la búsqueda de que la legitimidad de estas instituciones no se siguiera desmoronando.

Pero el escándalo público que hemos visto,  los dimes y diretes entre las distintas instituciones del país al final tratan de esconder una realidad innegable y que tarde o temprano saldrá a la luz. Esto tiene que ver principalmente con cuestionarnos en la profundidad por qué ocurre todo esto. Se trata de buscar responsabilidad en algunos de los funcionarios que participaron de la investigación (no a todos, los altos mandos siguen en sus puestos, dando de baja a aquellos de rangos inferiores de la institución), se trata de hacer creer que es un hecho aislado y que esto es primera vez que pasa en Carabineros, que no por esta situación nos puede llevar a una desconfianza de la institución y así ver todo el cahuineo público que las autoridades de este país han decidido hacer por los medios de comunicación.

Sin embargo, volvemos al hecho de preguntarnos, ¿Por qué Carabineros falsifican pruebas para inculpar a 8 comuneros mapuche? ¿Tenemos al Ministerio Público en la búsqueda del móvil que tenían esos funcionarios para realizar la falsificación de pruebas? ¿El gobierno a través de la Intendencia esta en búsqueda de por qué Carabineros contratan a un profesional para inventar pruebas en la investigación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos todos mareados viendo la polémica de lo que dijo el fiscal y lo que le respondió el Carabinero y lo que dijo el vocero de gobierno, pero en realidad, ¿alguna de esas instituciones esta en post de buscar la verdad? O en realidad solo buscaremos a la persona que lo hizo, sin saber por que lo hizo? Y es que es conveniente no dar este debate, es conveniente hacerse los sordos y los ciegos con lo que de verdad se oculta detrás de todo esto. Si nos ponemos a pensar quienes son los “supuestos perjudicados directos” de las reivindicaciones justas e históricas que ha llevado adelante el pueblo mapuche durante todos estos años veremos nuevamente la realidad. Porque los perjudicados en este conflicto no son los chilenos son los empresarios, ¡Sí! Nuevamente ellos, los mismos que financiaban políticos en el congreso para que aprobaran las leyes que sean favorables a sus negocios, los mismos que se oponen en el avance de políticas sociales que vayan en post de la mejora de todos, los mismos que se oponen a la gratuidad y a que se terminen la AFP. Entonces si la investigación se desarrollara de la forma correcta y buscáramos por qué la institución de Carabineros de Chile decide inventar pruebas falsas para inculpar a compañeros y compañeras de lucha, encontraríamos cual es el principal motivo por el cual se genera toda esta situación, y es que al final Carabineros trabajan en la protección sólo de algunos (los empresarios) teniendo todo su apoyo y desarrollo con la complicidad del Estado como órgano que avala esta situación y con el poder de la institucionalidad buscar, inventar y desarrollar pruebas falsas para aplacar las demandas históricas de un pueblo que sigue en lucha y resistencia. Porque lo que estamos viendo ante nuestros ojos es nuevamente este afán del gobierno y las instituciones del estado en buscar justificar por el supuesto “terrorismo” la encarcelación de legitimas demandas, pero como son legítimas deben volverlas ilegítimas para la óptica del ciudadano, deben volverlas violentas, debemos verlos como enemigos, y en este caso ver a Carabineros como los protectores de la sociedad y los superhéroes de la justicia. Una vez más vemos como funciona la institucionalidad chilena y con eso como se jacta la clase política del “Estado de derecho” que existe en Chile, se vanaglorian hablando de la fortaleza de nuestra democracia y nuestra institucionalidad, sin embargo en pequeñas grietas como las que vemos hoy nos damos cuenta que es sólo discurso, que en realidad no importa si existen pruebas o no para inculpar a una persona porque la institución puede crear pruebas falsas y no hay nada que pueda contra eso, tenemos un gobierno que prefiere hacer oídos sordos al conflicto principal por lo que es mas fácil reprimir y dar “rienda suelta” para que busquen una forma de “solucionar el conflicto en la Araucanía”, el Ministerio Público como parte representante del Estado y la “sociedad” en la búsqueda de proteger este bienestar público se hace parte de todo este circo de operaciones políticas y una vez más quedamos desprotegidos e indefensos ante una institucionalidad que no es democrática, que no defiende el bien común y que no le interesa ni la justicia ni la verdad. Eso será en la medida en que se ataque la propiedad privada de los grandes dueños del país, ahí será importante, ahí estarán todas las instituciones para protegerlo y defenderlo, tendrás todos los recursos del Estado para investigar (porque todas las oficinas de operaciones especiales y de inteligencia que están en la Araucania se financian con fondos fiscales, de todos los chilenos) porque no lo financian los empresarios, financiamos nosotros la investigación y protección de sus intereses.

Y es así como llegamos a la misma conclusión de siempre, preguntémonos, ¿Qué pasó con las empresas que se coludieron con los precios del confort? ¿Qué pasó con las farmacias en la colusión de precios? ¿Qué paso con los políticos involucrados en los casos Penta, SQM, Corpesca; o acaso nos olvidamos que renunciaron los dos fiscales que dirigían la investigación por no poder abrir otras arista de la investigación y así tipificar en delitos más graves que solo los tributarios? ¿Qué pasará ahora con los empresarios forestales de la Araucanía? En fin, creo que todos sabemos como termina esta historia, por lo que no podemos sorprendernos cuando en realidad salga que hubieron dos o tres Carabineros que actuaron sin saber lo que hacían e inventaron pruebas porque en realidad no tenían nada mas que hacer y como van a colaborar en la investigación y tienen irreprochable conducta anterior van a pasar un par de meses y seguirán con sus familias, con sus pensiones millonarias (porque los retiraron de servicio eso quiere decir que se jubilan con anterioridad y sus pensiones las paga el Estado) y esto habrá quedado como un nuevo mal entendido, como un hecho aislado, negando que la inteligencia en este país realiza montajes para inculpar a quienes se determine como “enemigos” o “terroristas”.  Sólo quiero que recordemos por unos segundos como terminó el Caso Bombas hace un par de años atrás, quizás eso también fue un mal entendido y no había mala fe detrás de esa investigación o en la misma Araucanía cuantos casos después de largas investigaciones quedan los imputados absueltos después de haber pasado meses en prisión preventiva.

En síntesis, lo que ellos llaman “un mal entendido”, nosotros lo llamamos una democracia liberal, al servicio completo de los empresarios. El sistema penal chileno está hecho para perseguir y encarcelar a los pobres, a aquellos que tienen reivindicaciones justas y que están dispuestos a entregar su vida por su lucha. Lo que ellos entienden por “un pequeño error” nosotros lo entendemos como una decisión deliberada de que las instituciones estén al servicio de los empresarios. Es aquí donde nos gustaría que todos aquellos/as que tanto defienden y participan del modelo den respuestas de cómo cambiar una institucionalidad que está controlada y premeditada por los grandes poderes de este país llamado Chile (sí, estamos hablando de una institucionalidad chilena que no funciona, no estamos hablando de Venezuela, quizás Heraldo Muñoz podría opinar también de lo que significa este tipo de democracia con instituciones que se caen a pedazos)