Movimiento Estudiantil en Santiago Centro: Reprimir y No Solucionar

Por Gabriel Riveros y Marcelo San Martín

Definitivamente ha sido un mes complejo para la Municipalidad de Santiago, que debió afrontar con la movilización de siete liceos de la comuna que tenían como fin el promover petitorios internos, comunidades feministas e infraestructura digna para el desarrollo normal de las clases. La política del alcalde Felipe Alessandri del “Rompe-Paga” se ha mantenido firme, mientras se cierra al diálogo con las comunidades educativas que se mantuvieron en lucha.

 

Liceo Tomado, Liceo Desalojado” se anunciaba a principio de año, donde de a poco se vislumbraba acerca de la represión con la que actuarían las Fuerzas Especiales ante la lucha estudiantil secundaria, y también nos advertía acerca de procesos legales que se llevarían a cabo con el fin de criminalizar una lucha social que año a año se mantiene en disputa por una política pública que ha sido hasta ahora deficiente.

 

La palestra pública estuvo marcada por hitos dentro de los secundarios de Santiago Centro, principalmente, los liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, Amunátegui y Liceo 1 Javiera Carrera ya que fueron cuestionados por los grandes montos en daños que generaban los métodos de movilización. Los principales medios de TV dieron a conocer montos elevadísimos, en los cuales el Alcalde prometía responsabilizar a los estudiantes que se vincularon con los daños, generando controversia dentro de las comunidades educativas por la poca transparencia con la que la municipalidad lleva estos procesos.

 

Las declaraciones no han estado exentas de polémicas, Karla Rubilar (Intendenta de la Región Metropolitana) y Felipe Alessandri salieron con todo a defender la política del Rompe-Paga, proponiendo inclusive un proyecto de ley que regula a los menores que sean detenidos en movilizaciones con firmas en la comisaría (algo así como la firma mensual de quienes delinquen pero para secundari@s menores de edad), buscando aún más sanciones a quienes participen en estos movimientos, dejando en claro que la expulsión de los y las estudiantes en conjunto a la aplicación de los manuales de las comunidades no bastan cuando se trata de combatir a la política estudiantil.

 

La poca transparencia presente dentro del Municipio de Santiago es uno de los temas más polémicos, ya que los mismos procesos engorrosos generan una gran desconfianza dentro de los mismos establecimientos educativos. La búsqueda de “responsables” que mantiene la DEM (Dirección de Educación Municipal), recae finalmente en pocos estudiantes y pocas pruebas concretas, como es el accionar legal que se mantuvo con 2 alumnas del Liceo Uno, a quienes se les culpabiliza por robos efectuados dentro de la toma del liceo sin mantener ninguna acreditación acerca su participación en estos actos, sólo por el hecho de estar a la hora en que se decidió desalojar la movilización y ser partes del Centro de Alumnas.

 

Bajo esta misma línea, se evidencia en el Liceo Amunátegui, tras el incendio que afectó al recinto el 16 de Junio, una discordancia entre los estudios efectuados por el Municipio, estimados aproximadamente en $300 millones de pesos, y el también realizado por la Concejala Irací Hassler, en donde, se señala un monto no superior a los $30 millones en reparaciones posteriores a la toma del liceo. Tras indicar todo esto, queda una cuota de duda ante el actuar de la Alcaldía, más aún si consideramos que la demanda a cada familia vinculada al incidente podría ser demandada por hasta $48 millones de pesos, sin ningún procedimiento legítimo a la interna de la comunidad, sino que incluso absolutamente arbitrario con los jóvenes a los que se les involucró.

 

Es entonces evidente la persecución política que existe a la interna, puesto que todas estas situaciones apuntan principalmente a miembros de los Centros de Alumnos que son encargados de representar la necesidad de su estamento, y han recibido demandas con sumas de dinero que llegan a ser indignantes, puesto que además de ser injusto, es realizado con la finalidad de infundir temor entre los estudiantes secundarios de ocupar sus espacios para generar algún tipo de movilización.

 

De parte de Apoderados Organizados declaran que “Recordemos que el 19 de abril Fuerzas Especiales entraron al Barros Borgoño disparando balines de goma y bombas lacrimógenas al cuerpo de estudiantes secundarios, estamos hablando de niños de 15 o 16  años, entonces es una represión sistemática que no queda sólo en el Instituto Nacional o el Confederación Suiza (…) considerable el actuar del Alcalde y de la Intendenta debido a su actitud de avalamiento ante las manifestaciones represivas dentro de la comuna, más aún, si tomamos en cuenta que ellos son los encargados de tomar las decisiones por lo que se vuelven cómplices de esta violencia” 

 

Es entonces, un avistamiento de cómo la derecha en el gobierno busca frenar a toda costa el cuestionamiento estudiantil, que si bien tiene un contexto de liceos emblemáticos, abarca a toda la política pública de educación que está profundamente mercantilizada. Varela demostró el interés empresarial que tienen para lucrar con el derecho de tod@s, pero Alessandri reafirma la capacidad represiva que pueden tener con tal de defender tal interés. Es ahora el deber de la organización secundaria luchar por sobre cada traba que imponga el gobierno, y además demostrar que las bases del sistema de mercado tiembla cada vez que los estudiantes lo cuestionan.

 

Finalmente, a pesar de la criminalización de los grandes medios de comunicación, del uso desmedido de la fuerza policial y del gobierno con intereses particulares, es el movimiento estudiantil y el feminismo de clase que a pesar de aparentar desunión lo que le genera pánico a los empresarios y empresarias cuando comienza a articularse para a avanzar sin preguntarle a nadie para acabar contra la estructura mercantilista y patriarcal.