Misión de Derechos Humanos examinó detención de Mapuches

Por Comisión ética Contra la Tortura y Coordinadora 4 de Agosto*

La Corte Suprema confirmó la liberación de los ocho comuneros mapuche detenidos por la denominada «Operación Huracán», que dice relación con una serie de presuntos atentados en La Araucanía. Una Misión conformada por la Comisión Ética Contra la Tortura y la Coordinadora 4 de Agosto, recabó información sobre las condiciones de detención y reclusión en que se encontraban los 8 presos mapuches detenidos el 23 de septiembre 2017 en los centros de reclusión de El Manzano, Angol y Temuco.

Con gran despliegue comunicacional, el Ministerio del Interior y el Director Nacional de Carabineros de Chile anunciaron su operación de inteligencia. Se dijo que desde hace 6 meses se interceptaron teléfonos celulares de ocho líderes mapuche. Una serie de mensajes de WhatsApp fueron mostrados como pruebas inculpatorias de los delitos de quema de camiones y otros atentados incendiarios en La Araucanía, quedando todos ellos en prisión preventiva, imputados por el delito de Asociación Ilícita Terrorista.

La jueza, Luz Mónica Arancibia Mena, habría dado la orden de detención y allanamiento, que se realizó de manera simultánea en Concepción, Temuco y Valdivia, macrozona del Conflicto Mapuche. La violencia de los operativos fue desmesurada: rostros cubiertos, puertas derribadas, filmación a los detenidos por parte de la policía, quienes nunca exhibieron órdenes de detención ni allanamiento respectivas.

Sobre las detenciones y la imputación realizada

El principal imputado, Héctor Llaitul Carrillanca, ex preso mapuche, condenado a 10 años de cárcel cuya, condena fue reducida a 5 años en agosto 2017 y apelada por el Ministerio del Interior, es vocero público de la Coordinadora Arauco Malleco. Está acusado de ser el líder que planifica y ordena atentados; que recibe y distribuye dineros para la realización de los actos de quema de camiones y que recibe y distribuye armas entre los miembros de la coordinación.

Llaitul señala que todo es un montaje diseñado desde la ANI y ejecutado por la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros. Además, que no existe coordinación alguna y lo único común entre los imputados es la lucha por la autonomía y defensa de sus territorios ancestrales; que cuando se interceptaron los teléfonos no tenía la aplicación WhatsApp y no se le encontró, en su casa, ningún elemento que lo pueda asociar a actos planificados y ordenados por su persona.

También fue detenido Ernesto Llaitul Pessoa, hijo de Héctor, a quien incautaron su notebook, celulares y demás elementos de estudio —estudia Sociología en la Universidad de Concepción— sin que se haya especificado cargos contra él.

David Cid Aedo, recluido en El Manzano, señaló ser acusado de asesinar a un carabinero y hacer atentados. Sin embargo, señala, es la primera vez que es detenido; en sus palabras «su delito» fue ser solidario con Héctor Llaitul, acompañandolo a visitar a su hijo detenido y a tribunales para las audiencias, dado que cuenta con un vehículo.

Conclusiones de la Comisión

•El gobierno de Bachelet había decidido no aplicar la Ley Antiterrorista, incompatible con los Tratados Internacionales firmados por Chile. Los procesos actuales retroceden en esta decisión; no respetan el debido proceso; imposibilitan ejercer derecho a la defensa; impiden que los imputados puedan asumir las pruebas y peritajes si no disponen de los recursos para ello.

•Hay vicios legales de jurisdicción; la defensa no ha sido informada; tampoco, los tribunales de Concepción y Los Ríos sobre estas detenciones ni allanamientos; no se comprende, jurídicamente, que aparezca un tercer tribunal, Temuco, decretando prisión preventiva y disponiendo la prohibición de informar sus nombres mientras dure la investigación..  

•El Estado y las policías han exacerbado una campaña comunicacional para

profundizar acciones de racismo y discriminación que estigmatizan al pueblo mapuche, buscando revertir la solidaridad con la lucha de este. Además, generan una suerte de condena a los detenidos antes de ser procesados, evidenciando que para ellos no existe la presunción de inocencia.

•Varios casos de prisión preventiva han terminado, en el caso de presos mapuches, siendo absueltos; lo que hace que el Estado mantenga inocentes en prisión que luego no son reparados, quedando registrados y fichados.

•El Estado y la Justicia han colocado los derechos de las personas por debajo del cuidado de los derechos de los bienes de empresarios particulares.

•Finalmente, el Estado chileno desconoce a tal punto la cultura del pueblo mapuche que estos representantes presos si se comunican lo hacen en su propio lenguaje; el mismo tribunal debió asegurar la traducción simultánea durante el proceso de formalización dado que algunos de ellos no hablan el español (¡Mal podrían escribir en castellano, burdos mensajes de WhatsApp!).

*La Misión de Observación en El Manzano estuvo integrada por los siguientes defensores de Derechos Humanos: Juana Aguilera, Presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, Santiago; Carlos Barthou, Comisión Ética contra la Tortura, Paris-Francia; Alejando Valdeavellano, Coordinadora 4 de Agosto. Leopoldo Montenegro, Comisión Ética contra la Tortura, Santiago. Janny Figueroa, del Comité de Derechos Humanos Mapuche Pewenche de Pelontube – Alto Bío-Bío, Chile