En las últimas horas de Honduras

Por Héctor Luis Álamo

La Constitución de la República de Honduras lo señala bien claro. «Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador», dice así, «ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional».

Mis compañeros yanquis y yo compartimos la misma tradición de rebelión contra el gobierno injusto. De hecho, la nuestra fue una de las primeras sociedades en el mundo moderno en declarar tal derecho, por lo menos por escrito. Sin embargo, dudo que Juan Orlando Hernández (JOH), el auto-elegido presidente de Honduras, se preocupe mucho por los derechos y la constitucionalidad, viendo cómo se postuló para la reelección en primer lugar (que la constitución hondureña prohíbe estrictamente), alteró los votos para robar una elección que se le estaba resbalando de los dedos, y luego ordenó a las fuerzas de seguridad a reprimir a los furiosos catrachos protestando por la pura corrupción de todo.

A pesar de semanas de protestas y más de 30 muertos reportados, la mayoría de ellos a manos del estado,  el 27 de enero JOH se convirtió en el primer presidente hondureño en asumir dos mandatos consecutivos. Él retomó el juramento de su oficina mientras que las calles estaban llameando desde la costa del Caribe hasta la costa del Pacífico. Si JOH sobrevive a la agitación que ha encendido su robo absoluto, se convertirá en el segundo presidente que lleva más tiempo en el cargo, detrás del infame Tiburcio Carías Andino que gobernó como dictador durante los años 1930 y 40.

Por su parte, Salvador Nasralla, quien se postuló como abanderado de una alianza electoral en contra del régimen, sigue afirmando que en realidad ésta es la segunda elección que JOH le ha robado, ya que las elecciones de 2013 también estuvieron envueltas en una serie de irregularidades antidemocráticas, no menos de las cuales eran los 90 millones de dólares en fondos de seguridad social que de alguna manera se encontraron en la campaña electoral de JOH.

«Sabía que la política era sucia, ¡pero no tan sucia!» el anfitrión de concursos y aspirante a la presidencia dijo en una reciente entrevista con el periódico salvadoreño El Faro. «El presidente de una colonia como la nuestra llega supeditado por los grandes grupos económicos que son los lacayos de Estados Unidos que es el dueño del país. Los niveles de corrupción de Honduras son demasiado altos».

Al principio, Nasralla se había unido a la Organización de los Estados Americanos para convocar nuevas elecciones supervisadas por un tercero imparcial y preferentemente internacional. Pero tan pronto como la OEA — presionada por sus patrocinadores estadounidenses, sin duda — recorrió su demanda y decidió que trabajaría con la dictadura para restablecer el orden, Nasralla comenzó a ofrecer concesiones similares a JOH y al gobernante Partido Nacional. Hasta comenzó a distanciarse de Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en el golpe de 2009 que desde entonces se ha convertido en el principal líder izquierdista y es coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con la que Nasralla se postuló en las elecciones.

La semana pasada el izquierdista Partido Libertad y Refundación, o Libre, se declaró en «insurrección total» contra el régimen golpista, y el lunes Zelaya se llevó a Twitter para convocar un plantón para el martes a las cuatro en la Plaza Francisco Morazán en la ciudad capital de Tegucigalpa.

Junto con su denuncia de la elección robada, la oposición ha sido reactivada por una ley de mordaza aprobada el 18 de enero por el Congreso Nacionalista. La nueva ley prohíbe a la fiscalía investigar la mala gestión de fondos públicos y se aplica retroactivamente al año 2006. Así que los más de 60 actuales y ex funcionarios hondureños bajo investigación desde 2016 — cuando la OEA comenzó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras — podrían salir impune. El Maccih publicó una declaración el 24 de enero denunciando la nueva ley como un «pacto de impunidad».

Luego está el caso de Edwin Espinal, un activista de 41 años de edad y miembro de la Red de Solidaridad Honduras que ha sido detenido desde el 19 de enero en relación con una protesta masiva que se produjo la semana anterior. Espinal ha sido el objetivo del acoso gubernamental desde que participó en las manifestaciones contra el golpe de estado en 2009, en las que su pareja Wendy perdió su vida debido a una excesiva exposición al gas lacrimógeno. Lo han arrestado más de una docena de veces desde entonces, y hasta fue momentáneamente desaparecido y golpeado por agentes de seguridad en 2010. Ahora lo tienen recluido en La Tolva, una cárcel de máxima seguridad dirigida por militares, en detención preventiva, lo que significa que podría ser encarcelado por al menos un par de años, cuando su caso finalmente vaya a juicio.

Lamentablemente, liberar a Espinal lograría poco si el pueblo hondureño en conjunto no es liberado de esta tiranía tan arbitraria y cruel. Porque Edwin no es el único hondureño cuya libertad está actualmente en el limbo.