La libertad negada a Jesús Santrich por la derecha colombiana

Por Lídice Valenzuela*

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de Colombia de concederle la libertad al ex comandante guerrillero Jesús Santrich y no extraditarlo a Estados Unidos (EE.UU.) donde es acusado de supuestos delitos de narcotráfico, levantó un maremoto político en esa nación de gobierno ultraderechista.

La liberación de Santrich, en delicado estado de salud –según pudo verse en transmisiones televisivas- duró apenas minutos el pasado fin de semana, pues de inmediato agentes de la Fiscalía General lo recapturaron y devolvieron a la  cárcel de La Picota, donde aún permanecía detenido hasta el pasado lunes, al menos. Sus captores, en una nación donde no existe el estado de derecho, burlaron la orden del JEP, encargada del impartir justicia a los involucrados en la guerra civil colombiana, que duró más de cinco décadas.

La notificación de la JEP dejó pasmados al presidente Iván Duque,  y al ex mandatario ultraconservador Álvaro Uribe, ahora senador, que vieron por un momento frustradas sus aspiraciones de complacer a la administración estadounidense. Para ellos era un compromiso con Donald Trump forzar la entrega del detenido a EE.UU. en un medio donde cada día son asesinados ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y líderes y activistas sociales..

Poco después de conocerse el veredicto favorable  al ex Comandante, -que hubiese sido juzgado por oficiales norteamericanos- renunció el fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez y Duque de inmediato convocó a su gabinete. Tal atrevimiento no podía permitirse. Si Santrich –inscripto como Seuxis Paucias Hernández, era liberado, como ordenó la JEP, tomaría su lugar en el Congreso, ya que mantiene su investidura y su silla permanece vacía.No la ha ocupado porque el día que se instaló el Congreso Nacional, el 20 de julio de 2018, ya estaba detenido con la falsa acusación de traficar drogas con un cártel mexicano, luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno anterior de Juan Manuel Santos y las FARC en noviembre de 2016..

Los uribistas hicieron duras críticas a la JEP, a la que acusan de actuar como cómplices de las FARC, no como jueces. El senador de Centro Democrático, el partido de Uribe, Fernando Araújo, transmitió el pensamiento de odio que domina a la burguesía colombiana, negada a aceptar la pacificación nacional y la conversión de FARC en el partido político se convirtiera en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En declaraciones a la prensa, tras el fallo de la Jurisdicción Especial, Araújo afirmó: ¨Ya veremos al narcoterrorista Jesús Santrich sin pedir perdón ni reparar a las víctimas en el Congreso actuando con cinismo”.

Después de su derrota judicial, el fiscal Martínez precisó en su renuncia sus desacuerdos con los cambios que la Ley Estatutaria de la JEP introdujo a la extradición (los cuales ha tratado de boicotear con fallidas objeciones) y la decisión adoptada por el tribunal de paz en el caso del exjefe guerrillero.

Dada la vinculación del gobierno colombiano con su par estadounidense, en opinión de Martínez, se hizo «trizas la cooperación judicial internacional», con lo que esclareció las presiones de Washington para lograr la extradición de Santrich.

El renunciante fiscal fue electo por la Corte Suprema de Justicia por cuatro años, pero pronto devino uno de los funcionarios públicos mas criticados en el ámbito jurídico por sus negativas posiciones a desarrollos normativos del Acuerdo de Paz, en el que aparece bastante complicado como corrupto.

No obstante esos antecedentes, el presidente Duque consideró las opiniones del ex Fiscal General para objetar normas de la JEP, lo cual ha atrasado su normal tránsito en el Congreso con lo que pone trabas, más que facilita, el cumplimiento de la paz..

Para el senador izquierdista Iván Cepeda, que reclama la libertad de Santrich debido a su inocencia, ¨La decisión de la JEP se toma con suficientes elementos de juicio, frente a la cual lo único que cabe es el respeto y el acatamiento. La JEP solicitó de manera reiterada a las autoridades judiciales de EE. UU. las supuestas pruebas en este caso, las cuales no fueron remitidas. Por lo tanto, ha tomado una decisión en derecho”.

Destruir líderes de las FARC, tarea de orden de Duque

En la actualidad colombiana, el cumplimiento del Acuerdo de Paz es un pensamiento romántico, pues el pacto suscrito con las FARC-EP significó la dejación de campamentos y armas, entregadas a Santos, sin una reciprocidad de los políticos mafiosos y el paramilitarismo en su totalidad.

El proyecto de paz suscrito en La Habana llevado a un referendo perdido por estrecho margen, luego con cambios de complacencia, no entrañaba un pacto con quienes están empotrados en el poder sin ceder un mínimo para que se lleven adelante aunque sean pequeñas reformas de beneficio popular.

Cuando se firmó el pacto, las FARC no estaban derrotadas, pero eligieron el camino de la política para evitar más sufrimiento a la población debido a la guerra civil, que dejó más de 250 000 muertos y millones de desplazados. Pero el terrorismo de Estado tampoco lo estaba, ni lo está.

La diferencia es que la antigua guerrilla carece de armas y de sus habituales territorios. Las comunidades donde estaban presentes viven ahora bajo la continua amenaza del paramilitarismo que cada día ejecuta a líderes y activistas sociales y ex guerrilleros de las FARC identificados en las antiguas zonas de jurisdicción.

Aunque las FARC protestan tibiamente por la falta de garantía para sus ex soldados y el incumplimiento del pacto firmado, la arremetida del gobierno y sus grupos militares –Uribe fue su creador cuando era gobernador de Antioquia- han dejado, desde 2016, 138 exguerrilleras y exguerrilleros asesinados, y más de 1 500 lideresas y líderes sociales y comunales, de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una fundación sin ánimo de lucro creada por la Compañía de Jesús en 1972, en el interés de trabajar por la edificación de una sociedad más humana y equitativa,

El pasado día 14 fue asesinado el ex comandante de las FARC Jorge Enrique Corredor en el Valle del Cauca, una de las regiones más pobres de Colombia. Corredor fue jefe de la Compañía Víctor Saavedra y del Comando Conjunto de Occidente, integrante además del Consejo Nacional del partido FARC. El crimen, de quien nadie es acusado, solo se explica por la política de odio de Uribe y sus paramilitares contra un hombre confiado, que no disponía de escoltas ni de esquemas de seguridad.

Algunos análisis sobre la realidad colombiana afirman que el contexto muestra una ultraderecha más efectiva y peligrosa que la vivida en tiempos de Uribe, quien aunque defiende esta represión y la imposición de leyes cambiadas y formuladas por la oligarquía siente que pierde terreno ante el resurgimiento de un fascismo violento que no duda en matar a quien se le oponga.

Cientos de prisioneras y prisioneros de las FARC-EP están todavía en las cárceles del país y aunque dejaron de manera unilateral las armas y las regiones donde operaban, no hay seguridad alguna de que sean liberados y acogidos por la sociedad.

Para  el ex comandante Joaquín Gómez ¨lo que hay es un plan para asesinar a todos los integrantes de FARC¨. Este ex guerrillero de alta jerarquía que continúa al lado de sus ex combatientes en uno de de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación creados por Santos, pero que cerrarán el próximo año, exhortó a todos los integrantes sin excepción del partido FARC, a estar alertas, pues el plan, aseguró ¨es aniquilarnos a todos (…) destruirnos físicamente” por parte de un sector de la clase política dirigente que siempre se ha opuesto a cualquier posibilidad de construir una Colombia para todos.

Desde la provincia de La Guajira, Gómez habló sobre la arremetida contra la ex guerrilla y el nuevo partido izquierdista, ¨pero también ha sido digna la resistencia en Colombia a pesar de la adversidad. Saldremos golpeados, tal vez muy golpeados, pero no vencidos ni exterminados¨.

Por ello, afirmó, que el partido FARC asuma los errores de cálculo ante los sectores que integran la lucha popular y, sobre todo, ante su ¨exguerrillerada¨, constituye una necesidad apremiante en tiempos donde el fascismo avanza para instalarse mientras se actúe de manera moderada, protocolaria, tratando de sostener los acuerdos incumplidos¨.

En un artículo firmado por Violeta Guetnamova en Rebelión, el ex Comandante puntualizó el entramado de un montaje contra él, ¨al estilo Santrich¨ por parte de agentes encubiertos, y a veces descubiertos” para involucrarlo en negocios ilícitos como lo es la compra y venta de dólares y adquisición de armas. Tratan de hacerme un montaje, seguramente para impedir que yo participe en política y apresarme¨.

La realidad indica que en Colombia no se respeta por parte del gobierno ni el Acuerdo de Paz ni los derechos humanos de millones de personas, la mayoría pobres y residentes en apartadas regiones tomadas por los grupos paramilitares, que hasta ocuparon los antiguos campamentos guerrilleros cuando quedaron vacíos.

El régimen de Duque, devenido el espejo del imperialismo en América Latina, no perdona a quienes lo combatieron, tanto a él como a sus antecesores Santos y Uribe, respaldados por los medios masivos de comunicación, quienes callan ante los crímenes cometidos contra líderes sociales y excombatientes.

El paramilitarismo es un gran negocio, en que los muertos son ajenos, pero las ganancias son propias. La violencia, en Colombia, mueve millones de dólares.

*Publicado originalmente en Cubahora.cu