La crisis hondureña hecha por Hillary Clinton

Por Héctor Luis Álamo

A pesar del caos desencadenado por el intento reciente de Juan Orlando Hernández de retener ilegalmente y fraudulentamente la presidencia hondureña, el pueblo de Honduras puede al menos sentirse agradecido por un hecho: que Donald Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos el año pasado, y no Hillary Clinton. Porque si Hillary hubiera ganado, los manifestantes que inundan las calles desde San Pedro Sula a Tegucigalpa habrían sido aplastados en la primera semana. Si Hillary hubiera ganado, el Presidente electo Salvador Nasralla y la Alianza contra la dictadura no exigirían un recuento completo, conducido por un partido internacional neutral. No te equivoques: si Hillary Clinton fuera presidente de los Estados Unidos hoy en día, todo seguiría igual en Honduras.

Fue Hillary, en primer lugar, quien insistió en mantener el actual régimen golpista después de que ellos tomaran el poder en 2009. Cuando los soldados irrumpieron en el Palacio José Cecilio del Valle una madrugada de junio en ese año, llevándose al Presidente Manuel Zelaya al más cercano protectorado de Estados Unidos (Costa Rica), casi toda América Latina, así como el mundo, pidieron la restitución inmediata e incondicional del Presidente Zelaya, hasta poniendo su restitución como requisito indispensable para las próximas elecciones en noviembre. La Unión Europea se unió a casi todo el hemisferio occidental para llamar a sus embajadores. Los Estados Unidos, sin embargo, comenzaron con su ambages—específicamente su alto funcionario de política exterior, la Secretaria de Estado, Hilary Clinton. Mientras la Asamblea General de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron lo que denominaron un “golpe militar”, Clinton rechazó etiquetar oficialmente los acontecimientos como tal, que bajo ley de Leahy habría obligado al gobierno de Estados Unidos congelar toda la ayuda militar a la nación centroamericana.

Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un firme control sobre Honduras, al ver su “república bananera” como clave para primero el dominio económico y, sobre todo, la dominación geopolítica (militar) de Estados Unidos sobre la región. Con este objetivo, el Comando Sur de Estados Unidos utiliza la Base Aérea “José Enrique Soto Cano” en Honduras (también conocida como Palmerola) como base de operaciones avanzada para su Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, la principal fuerza de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica. Construido en los años ochenta, la base aérea también aloja convenientemente la Academia Militar de Aviación de Honduras. Fue desde Soto Cano que la contra, respaldada por Estados Unidos, voló sus aviones de caza y bombarderos a la vecina Nicaragua, y Soto Cano se volvió conocido como el “portaviones insumergible” de Estados Unidos en la región. También fue en Soto Cano donde los soldados que sostenían al presidente Zelaya se detuvieron para reabastecer su avión antes de llevarlo al exilio, aunque las 600 tropas estadounidenses estacionadas allí afirmaron más tarde que no tenían conocimiento de la presencia del presidente derrocado.

Dada la condena casi unánime de la comunidad internacional al golpe militar, y teniendo en cuenta que su etiqueta como tal se arriesgaría a debilitar las capacidades militares de Estados Unidos en la región, la Secretaria Clinton se enfrentó a lo que más tarde calificó como una “elección difícil”: ella podría haber hecho todo en su poder para restaurar y defender los principios democráticos en Honduras, o podría haber hecho todo en su poder para destruir la democracia en Honduras por el bien de los intereses militares y económicos de Estados Unidos.

Clinton tomó su decisión

“[En los días siguientes al golpe] yo hablé con mis homólogos alrededor del hemisferio, incluyendo a la Secretaria Espinosa en México”, escribe Clinton en su memoria de 2014, Decisiones difíciles. “Elaboramos estrategias sobre un plan para restablecer el orden en Honduras y asegurar que las elecciones libres y justas pudieran celebrarse de manera rápida y legítima, que dejara la cuestión de Zelaya irrelevante” [énfasis mío].

En lugar de tender la mano al presidente depuesto, la Sra. Clinton se puso en contacto con Lanny Davis, un abogado que había defendido a su esposo Bill durante su proceso de destitución y que en ese momento representaba a la sección hondureña del Consejo Empresarial de América Latina. Clinton quería saber si su viejo amigo podría ponerla en contacto con el sustituto interino de Zelaya, Roberto Micheletti. Los clientes de Davis en el Consejo de negocios incluyeron a Camilo Atala y Jorge Canahuati, dos de los hombres más ricos y poderosos de Honduras. Atala es presidente ejecutivo del mayor banco de Honduras, Grupo Financiero FICOHSA, y hace parte de la junta directiva del Club Deportivo Motagua, unos de los dos clubes hondureños distinguidos por la FIFA como clubes “clásicos” del mundo. Canahuati, por su parte, es dueño de dos de los periódicos mayores de Honduras, La Prensa y El Heraldo. Ambos hombres son partidarios importantes del gobernante Partido Nacional y eran partidarios vocales del golpe. En 2014 el CEAL otorgó el Premio Fundadores a su fundador y ex presidente, el difunto Miguel Facussé Barjum, el hombre más rico de Honduras, su rey indiscutible del aceite de palma y, como el Departamento de Estado de Estados Unidos fue muy consciente desde el 2004, uno de los narcotraficantes más grandes del país.

Pese a los llamados generalizados para la restauración inmediata de Zelaya a la presidencia hondureña, la Secretaria Clinton trabajó entre bastidores con un contubernio de élites empresariales hondureñas para asegurar que el régimen golpista permaneciera en el poder a través de la elección presidencial de 2009. Al principio el gobierno de Estados Unidos hizo eco de la promesa del resto del mundo de ignorar los resultados de las elecciones de noviembre a menos que Zelaya fuera restaurado como presidente. Pero entonces, sólo unas semanas antes de la votación, los Estados Unidos y sus aliados más firmes dieron a conocer que aceptarían los resultados de cualquier manera. La elección se celebró el 29 de noviembre, con las fuerzas de seguridad del régimen golpista en las calles, y el presidente depuesto, quien se había entrado a hurtadillas en el país en septiembre, encerrado en la embajada brasileña. El Partido Nacional, los autores principales del golpe, ganó fácilmente, con Porfirio Lobo elegido presidente de la República y un legislador de 41 años de edad llamado Juan Orlando Hernández elegido presidente del Congreso Nacional.

Por respaldar al régimen golpista y su partido principal, los nacionalistas, Hillary Clinton ayudó a traer al poder el actual usurpador en jefe, referido por la mayoría de los hondureños como JOH. Según la constitución hondureña, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Congreso Nacional, y así, como presidente del Congreso, Hernández tuvo una enorme influencia sobre el poder judicial, que ejerció con efecto devastador. Cuando la Corte Suprema consideró inconstitucional la ley de limpieza policial del Presidente Lobo en noviembre de 2012, JOH manipuló al Congreso para que los cuatro jueces disidentes fueran eliminados por “causa administrativa”, con el Congreso explicando que la decisión de los jueces “no [era] congruente con la política de seguridad implementada por los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Hernández reemplazó a los juristas independientes por los que apoyaron el régimen golpista y su agenda. Esos mismos jueces consideraron más tarde el límite de mandatos presidenciales de la constitución hondureña como inconstitucional, despejando la manera para la oferta de la reelección de JOH este año. Esto necesita repetirse: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de cinco miembros, cuatro de cuyos miembros fueron seleccionados por Hernández cuando era presidente del Congreso en diciembre de 2012, decidieron más tarde, en 2015, que el propio límite de mandatos presidenciales de la constitución hondureña era por sí mismo inconstitucional y que su anterior elector, ahora presidente de la República, podría postularse para la reelección.

En caso de que ya se haya olvidado (como los nacionalistas sí parecen haberse olvidado también), buscar ilegalmente la reelección fue exactamente la misma razón por la que los golpistas dieron por remover al presidente Zelaya en junio de 2009. (Para ser claros, de ninguna manera Zelaya estaba buscando la reelección inmediata para sí mismo.) Por lo tanto, parece que según la lógica de Hernández y la del Partido Nacional, cuando un presidente izquierdista busca la reelección, es inconstitucional y una amenaza para la democracia hondureña; pero cuando un dictador autoritario busca la reelección, es su derecho, no sólo para correr sino para ganar.

Así nació la crisis actual.

Gracias, Hillary.