La Colombia post-acuerdo y su deuda con los derechos humanos

Por Miguel Samacá 

En Colombia, a dos años de haberse firmado los acuerdos para una paz estable y duradera, este hecho se presenta mucho más como anecdótico, que histórico. Así, la implementación de dichos acuerdos queda como compromiso de paz y acción política de las y los excombatientes en tiempos de post acuerdos, mientras que para el Estado solo es un compromiso más con el pueblo incumplido.  

Las voces de quienes defienden de los derechos humanos en Colombia han denunciado la constante violencia a la que es sometida el pueblo, al mismo tiempo que relatan su organización y lucha por la defensa de la vida, el territorio y la Paz. La batalla por los derechos humanos se da también para dignificar el largo camino de lucha y recuperar la memoria, así como un estandarte de lucha para ir ampliando y conquistando los derechos del pueblo.  

Entonces, cuando vemos a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, comunidades históricamente violentadas por los actores del conflicto político, social y armado; la defensa de los derechos humanos se manifiesta como labor necesaria. Debido a la continuidad del conflicto seguimos en una Colombia que se suponía diferente tras la firma de los acuerdos.  La retoma del poder político por el Uribismo ha significado, como se advirtió que sería, una lucha por desmembrar los acuerdos de la Habana, y con esto mantener los privilegios conseguidos a punta de paramilitarismo y terrorismo de Estado.  

Estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, denuncian a la vez que rechazan, la constante violación a los derechos humanos cometidos contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el asesinato sistemático de las y los defensores de derechos humanos; defensores del medio ambiente, la naturaleza y el territorio; los y las reclamantes de tierras y líderes/lideresas políticas de sectores de oposición al actual gobierno. 

Desde el año 2016 van 480 Líderes Sociales asesinados. Ver esa cifra es ver cómo, poco a poco, nos vamos alejando más y más de la posibilidad de construir una Paz con Justicia Social, mientras nos acercamos inexorablemente a la paz de los sepulcros. Con cada Líder Social asesinado/a se van despedazando los acuerdos de paz alcanzados en la Habana, de los que Chile es un país garante.  

Es imperioso denunciar y expresar nuestro rechazo a la incesante sucesión de actos de sabotaje y ataques directos contra la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, institución creada en el marco de los acuerdos de paz de la Habana, con el fin de juzgar en igualdad de condiciones a todos los actores del conflicto armado en Colombia. ¡Aquí lo que se tiene que objetar es la guerra, no la paz! 

Mientras el presidente de Colombia Iván Duque se encuentra en Santiago firmando los acuerdos del “ProSur”, en Colombia se da un tratamiento meramente represivo y militar a la Minga indígena, campesina y popular, desconociendo las problemáticas estructurales por las cuales se están movilizando tanto indígenas como campesinos y campesinas en el Cauca. En ese sentido, nuevas voces se suman a las denuncias por la masacre del pasado 21 de marzo que dejó ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, además de la muerte de Jhonatan Landines encargado de logística y comunicaciones de la Minga. 

En el Catatumbo la cosa no cambia mucho. Allá existe una alta afectación de las condiciones de existencia de las comunidades campesinas de la región, derivada de la ocupación militar de predios y bienes de la población (viviendas, zonas de cultivo, escuelas), así como del desplazamiento forzado al que son sometidas cada vez un mayor número de familias dada la presencia del ELN, los paramilitares y la profundización de  prácticas que se derivan de la aplicación de la Doctrina del Enemigo Interno, dando continuidad al conflicto armado en el territorio 

Es necesario recordar el papel que Chile ha jugado en la salida política y negociada del componente armado, de la crisis político-social del país. Chile no solo es un país garante de los acuerdos pactados en la Habana y de la mesa de diálogos entre ELN y el Estado colombiano, sino que, además, es el país de acogida de 146.582 colombianas y colombianos; entre los que hay cientos de amenazados de muerte, que eligen Chile como su destino de refugio. Por lo tanto, el tema de la crisis humanitaria, política, económica y social de Colombia también afecta a Chile de manera directa. Por eso, el llamado como hijas e hijos del mismo pueblo Nuestro Americano es levantar nuestra voz y llevar a cabo acciones de solidaridad hacia el pueblo colombiano, para que la paz no nos cueste la vida, como lo hace hasta ahora.