Justicia en la medida de lo posible

Por Ingrid Córdova Bustos

El martes 31 de julio recientemente pasado,  Chile despertaba con una noticia que habría de sentar un precedente en materia de D.D.H.H, un fallo emitido por la Corte Suprema, máximo organismo jurídico de la Nación, según el cual se acogía el recurso de amparo presentado por 5 ex agentes de seguridad del estado que cumplían penas por delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la Dictadura militar.

Los beneficiados por el otorgamiento de libertad condicional fueron:

Gamaliel Soto Segura, oficial (R) de Carabineros condenado a 10 años por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, los suboficiales mayores (R) Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, condenados a 5 años por la detención y torturas de Nizca Baez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del MIR Alonso Lazo Rojas y Manuel Pérez Santillán, Coronel (R) del Ejército, condenado a cinco años, como cómplice de secuestro y muerte en el caso del exquímico de la Dina Eugenio Berríos.

Al día siguiente, 1 de agosto, un nuevo fallo en favor de Emilio de la Mahotiere González, participante en la Caravana de la Muerte y de Moisés Retamal coronel (R), condenado por la desaparición de 3 ciudadanos uruguayos, vendría a llenar de estupor e indignación a los organismos de D.D.H.H y  a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, sin que pudieran encontrar una respuesta, en lo legal y lo humano, que explicara la liberación de estos criminales.

Los derroteros de un fallo inexcusable 

Un punto que es necesario tener en cuenta sobre lo que ha ocurrido con los delitos de violaciones a los derechos humanos en Chile, tiene que ver con el hecho de que, a casi 30 años del término de la dictadura y el advenimiento de la democracia, nuestro país carece de una ley o norma explícita que se pronuncie en torno a la concesión de beneficios para quienes participaron de crímenes de lesa humanidad, tales como: secuestro, desaparición, tortura o asesinato por motivos políticos.

En materia de Derechos Humanos y ante la falta de legislación categórica respecto de los abusos cometidos en forma sistemática y concertada de parte de la F.F.AA contra la población civil, nos encontramos frente al hecho de que si bien Chile ha suscrito diversos tratados internacionales que abordan y condenan  este tema, la interpretación de las normas establecidas en relación a los beneficios para los condenados, se homologan con aquellas disposiciones contenidas en el Código Penal que rige para los reos comunes, produciéndose una suerte de vacío legal que finalmente favorece a los culpables ; en palabras de Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile a los medios de prensa: ““Lo que tenemos aquí es un  problema con nuestra legislación, que no regula este tipo de sanciones, y la Corte Suprema aprovecha el déficit normativo para hacer una lectura que iguala estos ilícitos con cualquier otro, y ese es el error jurídico que genera esta situación de sensación de impunidad”

A pesar del tiempo trascurrido y ante la circunstancia que tales delitos han sido ampliamente acreditados, los Poderes del Estado chileno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no han tenido la voluntad política, tampoco jurídica, de generar cambios estructurales de fondo que vengan subsanar este conveniente vacío legal.

Sin embargo, lo más desconcertante de la situación actual tiene que ver con que los requisitos para una libertad condicional en Chile suponen el cumplimiento de tres condiciones aplicables a todo tipo de reos, sin distinción del delito cometido: 1. Haber cumplido más de la mitad de su condena, 2. Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en que se cumple su condena y 3. Que estén corregidos y rehabilitados, entendiendo por esto la toma de conciencia de la gravedad del delito. La Corte Suprema da como justificación al fallo emitido, el cumplimiento de las dos primeras condiciones, por considerarlas de carácter objetivo, en tanto que entra en abierta contradicción con la Corte de Apelaciones, organismo que denegó la libertad condicional a estos mismos reos en julio de este año, basada en un informe elevado por Gendarmería que sostenía que los ex agentes  presentaban “”insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado”. Según el máximo tribunal, este último requerimiento pudiera tener un contenido de orden subjetivo, susceptible de ser interpretado de diversas maneras.

Esta situación aparentemente contradictoria, no lo es tanto si consideramos que el actual Presidente de la Corte Suprema, luego de la salida de Milton Juica, es Hugo Dolmestch, quién se integró a este tribunal  durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (1 de agosto 2006). El Presidente de la Suprema, ya en su ejercicio anterior como ministro de esta instancia, se vinculó rápidamente a lo que se dio en llamar la “Doctrina Dolmesth”, que básicamente consistía en establecer un cierto balance entre la aspiración de justicia absoluta de parte de quienes sufrieron los vejámenes del gobierno dictatorial y la pretensión de perdón absoluto de quienes los cometieron, permitiendo la aplicación de una condena privativa de libertad (“ hacer justicia”), pero considerando para el condenado alguno de los beneficios de la Ley N° 18.216, a los que se puede acceder admitiendo la rebaja de la media prescripción (“conceder el perdón”). Resulta evidente que estamos ante los efectos de la aplicación de esa visión jurídica en estos casos, aun cuando las razones que se argumentan sean otras.

Desde hace 28 años, los Gobiernos del duopolio  han optado por el cómodo camino de los “avances significativos” por sobre la búsqueda de una justicia real en materia de D.D.H.H, con el fin de mantener las condiciones que aseguren los grados de una supuesta gobernabilidad que la clase política posdictadura necesita para mantenerse en el poder y que no está dispuesta a poner en riesgo, promoviendo cambios estructurales  efectivos en la ley que permitan que los abusos cometidos en dictadura sean auténticamente sancionados, según la definición y gravedad de su naturaleza.

Nuestras instituciones del Estado, siguen temiendo al ruido de sables y de botas, que cada cierto tiempo se escucha como telón de fondo, en el ejercicio de una democracia pactada con los genocidas, a partir de una transición que aparentemente aún no se supera del todo.

Entre tanto las víctimas de las violaciones  a los derechos humanos, sus familiares y amigos, así como la sociedad chilena en su conjunto, deberán seguir luchando para vencer los límites de esta democracia “ en la medida de lo posible”, decretada hace ya tres décadas, y de esta legalidad que en Chile no es ni será sinónimo de justicia.