Jubilaciones de las FFAA y de Orden: Más allá de la Crítica a la Corrupción

Por Eduardo Gómez

Las FFAA y de Orden siempre gozaron de privilegios. Su papel, como brazo armado de la nación, desde la  conformación de la clase dominante local hasta la expansión de la burguesía chilena y el mantenimiento del orden interno, así lo requería.

El Golpe de Estado de 1973 hace patente el rol estratégico que tiene la fuerza militar para el mantenimiento de la dominación burguesa. Ante la creciente autonomía popular y el desarrollo de proyectos revolucionarios que ponían en jaque la dominación, la burguesía no duda en otorgar a las FFAA un papel determinante en el restablecimiento del orden. Y la fracción financiera aprovecha el momento represivo para redefinir el capitalismo chileno y establecer un nuevo modo de acumulación y dominio. Así, sabiéndose necesarias, las FFAA se instalan dentro del Estado y permanecen a la cabeza del gobierno durante 17 años, otorgándose a sí mismas nuevos privilegios. La promulgación de la Ley Reservada del Cobre, en 1975; la autodesignación como «garantes del orden institucional»; la participación en organismos del Estado establecida en la Constitución del 80; y el mantenimiento de un sistema especial de pensiones, son algunos de ellos.

El costo de la paz burguesa

Estos beneficios se prolongaron durante la «transición». Era el precio que la burguesía debía pagar para mantener la «paz». La Concertación lo entendió rápidamente, aceptando las reglas del nuevo orden capitalista. Así, se renegociaron pequeñas cuotas de poder y los militares se fueron retirando del gobierno, siempre y cuando no les tocaran su «autonomía».

Se consolidó una casta militar con derechos especiales. El particular sistema de pensiones de los uniformados da cuenta de ello. Además, el manejo no regulado de esta previsión ha sido una herramienta política para mantener la cohesión interna en torno a sus intereses. Estos mecanismos han aparecido, recientemente, como casos de corrupción. Pero, en realidad deben leerse como parte de una estrategia política por parte de los altos mandos de las FFAA y de Orden dentro del régimen neoliberal.

Entre los objetivos, mantener la lealtad de la «familia militar» con beneficios económicos. Otra clave, la lealtad del personal que cumplió tareas represivas. Además de estos mecanismos «legales», recientemente han salido a la luz casos de pensiones de invalidez otorgadas a ex militares que en realidad no tienen ningún problema físico.

La disputa de las pensiones

El pueblo ha puesto en cuestión la nefasta lógica de las pensiones entendidas como mercado de capitales a favor de grandes empresas y no de personas. La disparidad de trato para con los uniformados y los privilegios de la casta militar han sido deslegitimados por parte de movimientos sociales.

El mantenimiento del aparato militar está resultando excesivo para la burguesía en su conjunto. Hay sectores que quieren aprovechar estos cuestionamientos para «ajustar cuentas». Bachelet, en el marco de su reforma al sistema de pensiones —sin tocar a las AFP—, también plantea que «existen distorsiones en las pensiones de las FFAA, de Orden y Seguridad que deben ser corregidas mediante un cambio legal».

Desarmar el poder represivo

No basta la crítica a la corrupción. No hay posibilidad de promover un «capitalismo decente» y probo, como nos dicen el régimen y el reformismo. Toda esta corruptela es parte esencial de la forma en que el capitalismo administra, explota y ejerce el poder en la sociedad. Frente a ello, debemos desarrollar una lucha que apunte a la participación popular directa en los espacios públicos, sociales y productivos. Sin un control popular organizado, consciente y autónomo, primaran las lógicas capitalistas, tanto legales como corruptas.

La burguesía mantendrá su lazo estratégico con el sector militar. Negociarán recursos, injerencias y poder. Los altos mandos uniformados ya lo han entendido así y tratan de limpiar la casa, ordenadamente, con la venia del gobierno.

Nuestra crítica apunta al desmantelamiento de la autonomía militar, al fin de la lealtad ciega y el sostenimiento de represores, al término de la ingerencia política en instituciones de gobierno. En definitiva, la lucha popular permitirá avanzar más allá de la corrupción uniformada. Nuestra tarea es contribuir a desarmar la política represiva que sigue imperando en las FFAA y la burguesía chilena.