Impunidad, dictadura y neoliberalismo

Por Susana Adriasola Salazar 

La cárcel de Punta Peuco tiene una infinidad de privilegios que otras cárceles de nuestro país no tienen. Fue construida en 1994, para encarcelar a miembros de las Fuerzas Armadas, violadores de los derechos humanos durante la Dictadura. Este penal, es una de las tantas impunidades que se mantienen respecto a los derechos humanos y en relación a la Dictadura cívico-militar. 

 Estas distintas impunidades se establecen en la Dictadura, siguen durante la transición, y se han fomentado en todos los gobiernos de turno, hasta el día de hoy. Para comenzar, hay que mencionar las dos Comisiones: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), de 1990, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, (Comisión Valech), del 2004.  

 En la medida de lo posible 

Claro está que ambas Comisiones fueron planteadas desde el Estado y los gobiernos de turno. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), que por decreto, dejó afuera a todos los presos políticos y torturados que no tuvieron resultado de muerte. Y la ‘verdad que establece la Comisión, como el mismo Presidente Aylwin señaló, es: «en la media de lo posible». Es decir, una verdad a media tinta y con una perspectiva sesgada de la realidad, que apunta a plantear que la Dictadura fue producto de la crisis del gobierno de Allende y que los que luchaban contra la Dictadura eran los terroristas. Una visión que se ha querido imponer para no hablar del terrorismo de Estado impartido en Dictadura por las Fuerzas Armadas, Carabineros y Civiles, queriendo individualizar responsabilidades y limpiar la imagen de estas instituciones. 

 Entonces, luego de catorce años, se les «ocurre» realizar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech), durante el gobierno de Lagos. Nuevamente, sigue la impunidad, dándoles una reparación simbólica, cuando las torturas y prisión fueron concretas y no simbólicas. Con una una pensión que es inferior al sueldo mínimo, con la que nadie alcanza a vivir. Para rematar, se resguardan por 50 años los nombres de los testimonios y de los violadores de derechos humanos, supuestamente, para proteger a las personas que fueron torturadas y prisioneras, sin que ellos y ellas hayan sido consultadas al respecto. Pero, lo que realmente implica este secreto de medio siglo es que no se puedan utilizar para poder enjuiciar a los violadores de derechos humanos. 

 Razones humanitarias 

No es casual la transición que se hizo en este país, de la Dictadura a los gobiernos civiles, donde el mismo dictador, Pinochet, pasó de ser dictador a Comandante en Jefe del Ejército entre 1990 a 1998, para luego en marzo del mismo año pasar a Senador Vitalicio. En octubre de 1998, Pinochet es detenido en Londres por una orden de captura del juez español, Baltazar Garzón, para enjuiciarlo por el asesinato de ciudadanos españoles durante la Dictadura. Posteriormente se suman varias causas de violaciones a los derechos humanos. Y, nuevamente, ¿qué hace el gobierno de turno? que en esos momentos era el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Piden la extradición. Finalmente, negocian con el gobierno Inglés y Pinochet es devuelto por razones «humanitarias», debido a supuestas complicaciones de salud. Y no lo condenan en Chile.  

En septiembre del 2017, la Presidenta Bachelet impulsó un proyecto de ley para levantar el secreto de los 50 años, para que los Tribunales de Justicia tengan acceso a los expedientes. Sin embargo, varios políticos de la Nueva Mayoría como Chile Vamos rechazaron el proyecto. Ahora se encuentra durmiendo en el Congreso y nos demuestra una vez más cómo el impulsar leyes es una distracción para hacernos creer que se está pensando en los temas, pero nada va a cambiar, y en este caso, se sigue con la impunidad. 

 Mantener la impunidad 

A mediados de marzo del 2018, la Corte Suprema falló que no se pueden hacer públicas las identidades de generales activos entre el 2001 al 2015, que hayan trabajado para los servicios de inteligencia en la Dictadura, específicamente de la DINA y la CNI. Con esta decisión vemos como siguen construyendo impunidad, en vez de hacer justicia en relación a los derechos humanos.  

 La pregunta que hay que hacerse es ¿el por qué los políticos, Fuerzas Armadas y empresariados siguen alimentando la impunidad? Porque lo que los une es la defensa de sus intereses, a través de resguardar y fortalecer el sistema neoliberal impuesto en la Dictadura.