Hacer del Poder Popular un valor y no una consigna

Por Pablo Vial

Resulta absolutamente demagógico prometer a los trabajadores que, de un día para otro, mediante una especie de «salto cualitativo», los explotados tendrán en sus manos el poder. El poder, que es capacidad constructiva, no puede estar en manos de quienes no tienen la capacidad de construir. El poder está en manos de quienes pueden tomar decisiones sobre el acontecer futuro.

Una organización en la cual el poder está en manos del pueblo, no significa la tontera de pretender que cualquier persona decida cualquier cosa, sino el reconocimiento orgánico de las distintas capacidades personales y su promoción mediante la práctica social de la educación permanente. Cuando todos los seres humanos, que asumen la responsabilidad social, tengan la libertad para exponer sus planteamientos con el objeto de resolver el qué hacer, y en base a esa práctica, al tener acceso a un conocimiento más perfecto mediante la discusión, desarrollarían su capacidad constructiva, ahí estaríamos en presencia del pueblo en el poder.

Mirar la historia desde la perspectiva de los trabajadores, de los explotados y segregados, en nuestros días resulta novedoso y revitalizante, más aún si se hace con profundidad. Un rigor que uno echa de menos cotidianamente en nuestro país. Hoy hemos incorporado la categoría de los “ciudadanos” (re-incorporado en realidad, desde la revolución francesa). Pienso que lo especial de abordar la vieja problemática social seriamente, incluye el mostrarnos nuevas posibilidades en la promoción de ideales por seres que han soñado y sueñan con una convivencia comunitaria orientada desde la naturaleza humana, en plena expresión de libertad y desarrollo, dándonos los habitantes nuestras propias organizaciones en las que participemos directamente de nuestro propio destino.

LA PRESENCIA POLICIAL

La sociedad capitalista, identificada institucionalmente con el Estado, siempre, usa a las fuerzas policiales y armadas para defender los privilegios de los poderosos cuando ven realmente amenazados sus intereses, su patrimonio de poder (control) y de propiedad privada. Y aunque decir esto pueda parecer algo obvio, es sumamente grave y profundo. Y en esta mirada hay muchas expresiones, y estas convocan a problemas contingentes.

En términos consensuales se supone que, históricamente, para convivir, hemos establecido desde la Revolución Francesa (o la Norteamericana, que es anterior) un «contrato social», donde los individuos renuncian a hacer justicia porque el Estado (la institucionalidad) la proveerá; también, renuncia al uso de la fuerza, porque el Estado dispondrá policía y fuerzas armadas. Esto, incluido que deberás pagar impuestos, para obtener «Libertad, Igualdad y Fraternidad».

¿CUAL ES LA PROPUESTA?

Uno, tiene derecho a preguntarse si, alguna vez, firmó algún contrato o si le consultaron si quería firmarlo. Ya sabemos que los contratos son, al menos, bipartitos, y lo curioso es que el «ser social» obedece con fe ciega su parte y la otra parte. El Estado, no siempre (o casi nunca) cumple con la suya.

¿Es esto válido? ¿La parte social-institucional (el Estado) asume que lo anula y niega al no cumplir sus obligaciones contractuales?

Se convierte, entonce, en una necesidad, que una nueva postura política, de cambio, revolucionaria, cuestione, teóricamente, estas cosas puesto que en lo medular, el asunto «sistémico» no ha cambiado y sigue basándose en que un sector minoritario de la sociedad VIVE A COSTA DEL TRABAJO DE OTROS, que es el sector, mayoritario. O sea, unos pocos se quedan con el producto del trabajo de la gran mayoría.

La pregunta es más amplia que la respuesta, sin dudas, pero la respuesta es cómo nos organizamos para superar esta instancia.