El Estado de vigilancia: Una mirada desde los movimientos sociales

Por Juan Carlos López

Todos los indicios contingentes indican que el sistema capitalista avanza inexorablemente sino a su superación histórica, al desencadenamiento de una crisis global, en una dimensión y magnitud sin precedentes en la historia moderna. 

El tiempo que vivimos demuestra la falacia del espejismo liberal-burgués que, conforme se agudizan al extremo las contradicciones de la sociedad capitalista en su fase terminal, ha terminado acondicionando y configurando al estado a las nuevas condiciones de dominación y explotación, propias de este nuevo contexto. 

La libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de movilización, que se encuentran en la base del autoatribuido postulado de la democracia burguesa, junto con la división de poderes del estado, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a elegir a las autoridades políticas, asediados por decenios, hoy constituyen letra muerta y manifestación palpable de la decadencia del estado de derecho democrático. 

La forma predominante que ha adquirido el estado a escala global, que se fue configurando junto al nuevo orden mundial a fines del siglo XX, como proyección de la Doctrina de Seguridad Nacional, es la de un estado de vigilancia, un estado cuyo propósito principal es la perpetuación de la hegemonía de clase cautelando los elementos estructurales del sistema y en el que se destaca la actividad de inteligencia y contrainteligencia, en el marco de un estado policial. 

La actividad de inteligencia es de suyo propia de la política militar del estado burgués para la mantención, profundización, reproducción y proyección del sistema de explotación y dominación de clase sobre los trabajadores y el pueblo, vulnerando su propia legalidad –por retrógrada que esta sea-, la que se subordina a estos intereses: la razón de estado. 

Entonces, según la ley, constituye parte del entramado de este estado de vigilancia, en términos más generales, todos los órganos y funcionarios del aparato estatal; el gobierno, el parlamento y el sistema judicial; las policías y las instituciones militares y las estructuras especializadas dentro del aparato estatal dedicadas a la actividad – y que se conciben parte de una “comunidad de inteligencia” -, específicamente la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Más aun, son parte de este complejo entramado también las castas directivas corporativas en  sector privado. 

En cuanto parte de la política militar del estado de vigilancia, conceptúa como enemigos a quienes, sea por medios “democráticos” y “pacíficos” o bien por otros medios, intenten la transformación del orden político y social del país. En lo que a los movimientos sociales atañe, la Ley 19.974 (2004) señala, que la ANI debe: “f) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas …  g) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales …”.  

Aquí resulta necesario definir qué se entiende por “terrorista”, pues la evidencia permite sostener inequívocamente que han sido objeto de acciones invasivas de inteligencia sindicatos, grupos religiosos, grupos étnicos, profesionales, grupos estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, medios de prensa, etc. 

La mera investigación, elaboración y publicación de este artículo es comprendida en la letra g) arriba citada. 

En qué consisten entonces las medidas de inteligencia.  

Operacionalmente para los fines de este artículo, las medidas de inteligencia se pueden esquematizar como: 1. Sistemas de Vigilancia y Monitoreo; 2. Operaciones de Infiltración o Exfiltración; 3. Operaciones de Información y 4. Operaciones de Provocación y Neutralización. 

Tácticamente, dependiendo del carácter de la “neutralización”, los límites e interrelación entre los 4 ámbitos definidos podrán sobreponerse o difuminarse. 

En la era de la información y el conocimiento, los sistemas de vigilancia y monitoreo constituyen la base estructural de la acción de inteligencia del estado de vigilancia. Hoy, estos sistemas han sido potenciados y masificados por programas y plataformas informáticas especializadas y abarcan todas las comunicaciones de soporte tecnológico, desde la telefonía, hasta las redes sociales. Entre muchas otras, es también parte de este empeño de la inteligencia del estado, el seguimiento y el levantamiento de registros audiovisuales, así como el perfilamiento de actores (personas u organizaciones) que terminan configurando todos los elementos descriptivos necesarios, tanto para el análisis, como para el despliegue de las demás operaciones de inteligencia. Esta es la base sobre la cual se realiza la toma de decisiones estratégica o táctica, tanto a nivel de las máximas autoridades políticas de gobierno, como de las unidades de inteligencia civiles, policiales o militares, en el marco de la elaboración de análisis políticos del período, de coyuntura, de contingencia o prospectivos. 

Allí cuando las fuentes abiertas o los sistemas de monitoreo remotos no han sido capaces de proveer de la información de inteligencia de valor necesario, el sistema de vigilancia ha implementado acciones de infiltración o exfiltración, que tienen también sus propias valoraciones tácticas o estratégicas, en dependencia de su alcance e importancia relativa. 

Una dimensión de creciente importancia en el ámbito del control de inteligencia sobre los movimientos sociales, populares y políticos del pueblo la constituyen las operaciones de información. El propósito de estas operaciones van desde la simple difusión propagandística de la ideología o de la política de las clases dominantes (medios de comunicación de masas), hasta la desinformación. Con todo, se pretende mediante estas operaciones, sentar las bases comunicacionales o corrientes de opinión que posibiliten o colaboren con el trabajo de “neutralización” del “enemigo”. 

Finalmente, sobre la base de la inteligencia recabada, recurriendo a las operaciones de información y a los agentes infiltrados o cooptados en el seno del movimiento popular, la acción de provocación busca generar el elemento que pueda desencadenar la neutralización efectiva de personas o grupos, sea para condicionar su comportamiento, corroer su moral y voluntad de lucha, o bien para crear las condiciones para el procesamiento judicial de los principales activos del movimiento social y popular, cuando no la eliminación física, el asesinato del dirigente o del integrante de alguna organización popular movilizada, a modo de escarmiento efectivamente terrorista o a modo de golpe selectivo.  

El concepto de “neutralización” engloba todas estas prácticas y hermana a todas las agencias de inteligencia del estado burgués, de la DINA a la ANI. 

El período que media entre 1990 y el presente registra numerosos casos de asesinatos, tortura, prisión política y represión masiva de movilizaciones populares. 

De qué otra manera se puede explicar entonces casi medio siglo de atomización, fragmentación y dispersión del movimiento social y popular, sino con las diversas formas de represión a las que ha recurrido el estado burgués para la preservación de la hegemonía de la clase dominante. Esta es la cuestión fundamental que resulta necesario analizar si es que queremos tener alguna alternativa de proyectar la lucha por los derechos del pueblo, en el presente siglo. 

A través de las décadas, los métodos han cambiado y adaptado a nuevas condiciones políticas, pero para la clase dominante en nuestro país, el propósito sigue siendo el mismo y su éxito ya ha sido la legitimación no solo del modelo impuesto durante la dictadura militar, sino sus métodos represivos y de control social – más o menos sofisticado-, para la preservación del statu quo. 

Pero no toda la culpa recae en la clase dominante. La soberbia y la debilidad de la autocrítica, la incapacidad de comprender el desafío político del presente y la dogmatización nostálgica de las experiencias de lucha pasadas, han hecho su propia contribución. 

La amargura de las derrotas sufridas y el resentimiento que se ha alimentado de estas frustraciones y dolorosas pérdidas, también han hecho lo propio. 

Pero sin duda, el factor principal ha sido el sectarismo político que puede emanar de la propia miopía política de dirigentes de las organizaciones políticas o sociales del pueblo o que puede ser promovido por la acción de los agentes del estado en el marco de sus propias operaciones de información, ha causado estragos en todos los esfuerzos de recomposición del tejido social y popular. 

La generalización de la desconfianza entre personas y organizaciones, las campañas de desprestigio y de rumores que muchos abrazan con fervor –especialmente desde la comodidad del  ciberactivismo, montado sobre el lomo de las redes sociales -, han socavado los lazos más sensibles y significativos. 

Con todo, ha sido el propósito de la acción política, ideológica, de inteligencia y de la represión burguesa, el inhibir el carácter de clase de la lucha social y popular, el sabotear los esfuerzos de construcción y movilización, la unidad, la organización y la lucha de las organizaciones populares, mediante estos mismos expedientes, a fin de generar la división y descarrilar los procesos de ascenso en la movilización popular una y otra vez, destruyendo con precisión los esfuerzos de acumulación continua y ascendente.