El conflicto del agua en Chile

Por Quilapangue   

El 22 de abril se conmemora el día mundial de la Tierra y, como cada año, las organizaciones sociales realizaron una marcha nacional por la defensa de la tierra y la recuperación del agua. Esta convocatoria responde a la problemática hídrica se relaciona con una situación crítica de escasez en el centro-norte del país, con problemas de contaminación e impactos irreversibles producidos por los gigantescos proyectos de generación hidroeléctrica para la minería entre otros

Estos temas han generado múltiples conflictos a nivel nacional y están vinculados a complejas relaciones entre empresas mineras multinacionales, centrales hidroeléctricas, forestales, grandes agroexportadoras; y comunidades locales, indígenas, rurales o urbanas, respectivamente, en diversas regiones del país. Algunos casos emblemáticos han sido Hidroaysén, Pascua Lama,CELCO  y  Alto Maipo. Sin embargo, en la actualidad existen, a lo menos, 22 conflictos, en todo Chile, que no han tenido la misma cobertura mediática, pero si han tenido fuertes repercusiones a nivel local. 

Chile, cuenta con una disponibilidad privilegiada de agua dulce, en comparación con otros países. A pesar de la abundancia, su distribución geográfica es muy dispareja. Desde Santiago hacia el norte, el acceso al agua dulce es limitado y se enfrenta un evidente estrés hídrico. Al sur de Chile, la disponibilidad de agua es abundante. Es, precisamente, en el norte y centro del país, donde el uso de este recurso es más intensivo, debido a la gran minería, generando fuertes contradicciones con las comunidades locales. En la zona sur, los principales conflictos refieren a problemas de contaminación de agua y al impacto de grandes centrales hidroeléctricas y las explotaciones forestales. Además de esta desequilibrada distribución del recurso, durante las últimas décadas, el consumo ha aumentado de forma relevante, lo que ha generado una mayor presión donde la disponibilidad del recurso es limitada, sumándose a una importante sequía que ha estado afectando varias regiones de Chile en los últimos años. 

Un modelo único 

El «modelo neoliberal  chileno», para regular el uso y consumo de las aguas, es único en el mundo. Se instaló en 1981, con las reformas de la Dictadura. Allí se aprobó el Código de Aguas que rige hasta la actualidad. Este, ha sufrido una sola modificación, en el año 2005. Se ajustaron ciertos aspectos críticos para el funcionamiento del mercado de aguas. Nunca se modificó el carácter central de la política que regula el acceso a los recursos hídricos. Esto tiene como consecuencia que, en Chile, el agua es considerada una mercancía, sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda, en un mercado sin regulaciones estatales. Se rige por normas de propiedad privada, totalmente enajenada de la tenencia de la tierra. Esto permite la concentración de la propiedad, generándose graves situaciones monopólicas, usadas por las mineras, exportadoras de productos agrícolas, forestales y sanitarias. También, por empresas hidroeléctricas, obstaculizando una asignación óptima del recurso al resto de la sociedad. Además, la privatización de los servicios sanitarios, sumada al monopolio de estos servicios por sectores geográficos, ha conllevado frecuentes alzas de tarifas, provocando que este sistema sea el más caro de América Latina. 

Hay una creciente agudización del estrés hídrico y destrucción de cuencas, debido a una indiscriminada demanda, y en muchos casos culmina con el agotamiento de los cauces y la destrucción de variados ecosistemas. Las hidroeléctricas acaparan agua, afectando a los usuarios aguas abajo, mientras las mineras y forestales usan abundante agua para sus faenas, devolviendo parte de ella contaminada a los cauces de los ríos. La agricultura, sin agua, reduce su producción y provoca escasez de alimentos y desertificación. Poblados que, tradicionalmente, tenían abundancia de agua hoy en día deben ser abastecidos con camiones aljibe, como es el caso de Petorca y sus alrededores. 

¿Qué está pendiente? 

Este modelo, tiene un serio impacto social. No se ha favorecido el acceso al agua a la agricultura campesina y a los pequeños productores, dificultando las condiciones de vida en sectores de pobreza rural. Paralelamente, cuando se generan conflictos que son llevados a la justicia, tanto los campesinos, los pequeños agricultores como las comunidades rurales no cuentan con recursos para participar en estos procesos judiciales, lo que termina perjudicando a los sectores populares.  

En la actualidad, se ha constituido, como actor relevante, un nuevo movimiento ambientalista, articulado a través de redes sociales  y movilizaciones para visibilizar los conflictos locales. Sin embargo, queda pendiente el desafío de avanzar hacia una propuesta de una nueva Reforma Agraria que recupere el derecho al agua  y la garantice a las comunidades locales rurales como un Derecho Humano irrenunciable .