El Aborto Libre, ¿cuestión jurídica, escándalo moral o hecho político?

Ingrid Córdova Bustos

Muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas de este país se encuentran preocupados y hasta escandalizados por el nuevo auge que ha tomado la discusión en torno a la despenalización del aborto por tres causales y la demanda creciente por la obtención del derecho a de un aborto libre, gratuito y seguro, desconociendo que esta es una problemática de larga data en Chile. Ya en 1875, bajo la constitución del 33, se abordó el tema penalizando su realización como una forma de castigo frente a las mujeres, a quienes no se les concedía ningún tipo de derechos civiles. No será hasta 1931 en que se volverá a retomar el asunto, obviando la palabra aborto, por cierto y señalando que la interrupción del embarazo solo será posible “… con fines terapéuticos (…) o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer”. (Código Sanitario, artículo 226 del decreto de ley 2263.).

Posteriormente, en el año 1968, entra en vigencia un nuevo Código Sanitario creado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, estableciendo respecto de la interrupción del embarazo, otra vez eludiendo el concepto de aborto, que la ejecución de esta acción solo será posible “[…con fines terapéuticos…” y que “Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos” (artículo 119). De esta manera, se ampliaron los márgenes del aborto terapéutico, dejando en manos de los médicos la decisión de actuar frente a una situación de riesgo vital para la mujer. Cabe señalar, como dato curioso, que este cambio en la legislación, se produce bajo el mandato presidencial de Eduardo Frei Montalva, activo militante y fundador del Partido Demócrata Cristiano. Decimos “dato anecdótico”, a luz de la postura dividida que esta coalición política mostró a la hora de votar por la Ley de las Tres Causales en el parlamento, donde parte de sus miembros votaron a favor del proyecto, en tanto Andrés Zaldívar, en el minuto presidente del Senado, intentó impedir la aprobación de la futura ley con indicaciones que no prosperaron y que Ignacio Walker, también senador a la fecha, alineó el sufragio con la Derecha, declarando además “el aborto seguirá siendo un delito salvo en estas tres causales”.

Hacía 1974, recién iniciada la Dictadura Militar, la Comisión Ortúzar, Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, encabezada por Jaime Guzmán, ponía en tela de juicio la vigencia del aborto terapéutico, pero en aquella ocasión el organismo consideró que la postura del senador de la UDI podría ser altamente impopular para el régimen entrante, al señalar: “La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”. No obstante ello, quedarían sentadas las bases para la criminalización del aborto como hecho social y su penalización como hecho jurídico; situación que se concretaría en los años finales del gobierno dictatorial y justo después del plebiscito donde triunfará el “NO”, 1989, a través de la ley 18.826 que reza: “Artículo único.- Reemplazase el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente: Artículo 119.- No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto.”

Con esta acción, al calor de los últimos minutos de la Dictadura y sin considerar las opiniones de la de la ciudadanía y mucho menos de las mujeres, habríamos retrocedido 114 años de avance legislativo, para volver a 1875. En agosto de año 2017, se aprueba la Ley de las Tres Causales, siendo ampliamente celebrada por la Nueva Mayoría como un triunfo, frente al cuál convendría preguntarnos si haber disminuido el retroceso legislativo a solo 86 años, por la semejanza con el código sanitario de 1931, amerita algún tipo de celebración. Claramente el camino de las leyes no ha sido la respuesta para esta exigencia y para esta tensión social.

Otra de las vertientes de análisis en relación con el acceso al aborto libre, se ha situado en el campo de las valoraciones morales y éticas, vale decir, en un espacio que supone la aceptación de normas, modelos y valores considerados como únicos, correctos y necesarios para una determinada sociedad, sin ninguna posibilidad de cuestionamiento real y efectivo, por los márgenes restrictivos que se imponen sobre aquellas conductas y posicionamientos más allá de lo normalizado como adecuado e imprescindible.
Desde allí, rechazar el aborto se ha leído como una postura que resulta garante, en toda forma y circunstancia, del derecho a la vida; en tanto exigir un marco social y legislativo que permita y resguarde la práctica del aborto como ejercicio del derecho de autodeterminación de la mujer, ha sido juzgado como una trasgresión a este principio. Esta perspectiva, usada como argumento hasta el hartazgo, aporta como categoría de análisis un marco ideal, que determina el “deber ser” de la sociedad y cada uno de sus actores, nos impone la idea y la conducta de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, conceptos creados a partir de determinados grupos sociales, las más de las veces en una situación de privilegio sea por clase o género, frente a determinadas situaciones que afectan de manera concreta y continua a otros grupos sociales fuera de los marcos de las garantías de los núcleos de poder. Buenos ejemplos de tales situaciones los encontramos al revisar las cifras de la actualización más reciente y anterior a la aprobación de la ley por tres causales, “que datan de 2014, que señala que ese año se produjeron 30.799 egresos por interrupción del embarazo, en tanto la suma de los últimos 10 años en la tabla presentada por el Ejecutivo, éstos egresos por interrupción de embarazo suman 322.814” (“La Tercera” on line, 14/08/2017), así como también en las declaraciones de la ex ministra de Salud, Helia Molina, quien señaló en una entrevista concedida al Diario “La Segunda” el 30 de Diciembre del 2014: “…en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos.” A estas alturas es evidente que la discusión ético – moral respecto del aborto, no puede ser realizado prescindiendo de los marcos económicos, sociales y políticos que configuran su contexto.

Que el aborto existe y constituye una realidad social instalada en todos los estratos socio- culturales y económicos de nuestro país es un hecho innegable, como también es incontrovertible que da cuenta de una profunda inequidad respecto de las condiciones materiales y emocionales en que esta situación se produce, mientras las mujeres de las clases sociales con altos ingresos económicos acuden a clínicas privadas o viajan fuera del país, aquellas con menores o ningún ingreso deben enfrentar condiciones indignas y clandestinas para ejercer su opción de abortar, sumando a eso la criminalización y la condena social frente a de su decisión.

El Estado que ve en la reproducción un ámbito decisorio individual al cual confiere plena libertad, no trepida en gobernar y prohibir esa misma autonomía, haciendo uso de sus mecanismos de control institucionales, cuando de acudir al aborto como opción soberana se trata. Por otro lado, en la sociedad neoliberal de mercado que Chile ha adoptado como sistema de organización político –económica, donde el concepto de bien común se concibe como el aumento progresivo de las riquezas y la elevación permanente de índices de productividad, el control del cuerpo de las mujeres se convierte en un asunto de políticas económicas, en la medida que la sexualidad y la libertad reproductiva se encuentran sujetas y obligadas por los marcos institucionales que permiten mantener controladas también “las fuentes de producción”, léase los cuerpos de las mujeres en edad reproductiva, que son quienes tradicionalmente se hacen cargo de proveer y sostener a los futuros engranajes que alimentarán la maquinaría del sistema. Como bien diría Foucault, opera aquí un disciplinamieno del cuerpo con fines políticos que apuntan a la mantención del status quo del poder: “El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una “anatomía política”, que es igualmente una “mecánica del poder” (…) define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles'”. (“Vigilar y Castigar”, 1975)

La excusa moral y legislativa aparece entonces como un buen maquillaje para mantener el conveniente equilibrio en una sociedad restrictiva y mercenaria y de allí que la lucha por el aborto libre y seguro, desborda los márgenes de un ejercicio de mera voluntad de un sector específico en la ciudadanía, las mujeres en este caso, para constituirse en un espacio de disputa frente al poder político patriarcal y hegemónico en sus múltiples formas.