[Editorial]: Justicia, castigo e impunidad

El indulto presidencial otorgado al genocida y corrupto dictador peruano Alberto Fujimori, que lo libera del cumplimiento total de una condena a 25 años de prisión —después de haber cumplido 12—, lo deja eximido de ser enjuiciado de otros numerosos cargos por crímenes similares. De igual forma, los beneficios otorgados por el gobierno y la justicia argentina a criminales que actuaron en nombre de la dictadura que castigó a ese hermano pueblo durante las décadas del 70 y 80. Las declaraciones de beneplácito por los beneficios a Fujimori y a favor del indulto por «razones humanitarias» para los atropelladores de los derechos humanos en la dictadura en Chile que señaló el ex candidato presidencial, representante de la extrema derecha, y uno de los factores claves de la elección de Piñera a la primera magistratura del país, José Antonio Kast, agitaron los últimos días del 2017 y los primeros del 2018 produciendo indignación, impotencia y preocupación. Al contrario, la condena de 10 años y un día de prisión impuesta al criminal, psicópata, torturador y cobarde, Miguel Krassnoff Marchenko, y tres años y un día a los cómplices por el asesinato de Miguel Enríquez el 5 de octubre de 1974 en la calle Santa Fe de la comuna de San Miguel, en Santiago, encuentran conformidad en todos aquellos comprometidos con la búsqueda de verdad y castigo para los crímenes de la dictadura encabezada por Pinochet.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aprovechó ni más ni menos que la nochebuena para salir de las acusaciones de corrupción que comprometían su cargo de presidente a cambio de la libertad del octogenario ex dictador del Perú, burlando claros criterios y disposiciones internacionales con respecto a las penas que cumplen los genocidas. La potestad de toma de decisiones por parte de un jefe de estado en un país soberano sirvió, otra vez, para que la voluntad de los tribunales de justicia, tras un juicio justo contra un criminal de lesa humanidad, fuera burlada.

De manera distinta, en la Argentina los amañados tribunales de justicia, en contubernio con la administración derechista de Mauricio Macri, han otorgado una serie de beneficios a criminales torturadores y genocidas, partiendo por el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

Es preocupante la aparición de estas medidas que pretenden ser catalogadas de «razones humanitarias» para interceder a favor de ex agentes de estado que, utilizando el gran poder de sus cargos y atribuciones, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a sus víctimas. El hecho es que se podrían estar dando ciertas condiciones para que se convierta en la moda de turno para los estados y para los gobiernos derechistas herederos de aquellas dictaduras que tanta sangre derramaron a todo lo largo de este moreno continente.

Preocupante es que, en Chile, a las voces provenientes de un minoritario, desorganizado y aislado sector de la sociedad, que de tanto en tanto reclaman un trato «humanitario» para los criminales de lesa humanidad, se han sumado, a partir de 2016, personeros de la iglesia y ex defensores de DDHH. Aún más, la llamada familia militar, fiel exponente del sector más reaccionario del país, al cual pertenecen la mayoría de los ex esbirros de Pinochet, ha logrado rearticularse en un movimiento encabezado por Kast y, tras los resultados electorales, podría tener alguna ascendencia sobre la futura administración que se vería presionada y tentada a copiar las decisiones tomadas en países vecinos a favor de la impunidad.

Sería inaceptable desde todo punto de vista que los escasos avances en materia de justicia con respecto a atropellos a los derechos humanos en la dictadura sufran un retroceso grave si es que en nuestro país se tomaran decisiones “humanitarias “de este tipo, quebrantando de manera flagrante el sentido de las leyes que la humanidad ha logrado construir, para salvaguardar la integridad de todo ser humano, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial.

Toda persona culpable de crímenes contra la humanidad debe cumplir las penas impuestas por los tribunales de justicia de forma íntegra. Si las penas contemplan- de acuerdo con la gravedad del delito- la cadena perpetua, este sujeto deberá morir en la cárcel. Los verdaderos motivos humanitarios deben ir orientados a salvaguardar a la especie humana de que estos crímenes se repitan, o por lo menos que sus autores y sus cómplices (todos), sean responsabilizados de sus actos recibiendo los mas severos castigos que cada sociedad contemple.

Mientras el carácter de los estados de cada uno de los países en donde esta barbarie se ha o se este produciendo no sea transformado, existirá el riesgo y la presencia de la impunidad, lo que conlleva a retrotraer la presencia de la barbarie cada vez que estos estados vean amenazadas su continuidad por los pueblos en el desarrollo de las luchas por la liberación social.

Estamos convencidos que mientras exista el capitalismo como expresión definitoria del dominio de una clase sobre otra existirá tortura, muerte y desaparición de seres humanos por parte de la máxima estructura de un país. solo mediante la construcción y desarrollo del socialismo los pueblos organizados en sus legitimas estructuras de poder, estarán en condiciones de derrotar definitivamente estas aborrecibles prácticas de la reacción imperial y sus lacayos locales. Los derechos humanos adquieren una dimensión principal a la hora en que los pueblos sean los protagonistas del triunfo de sus procesos sociales.