Ecuador en mal momento

Por Lídice Valenzuela*

Los ecuatorianos, que viven en la virtual mitad del mundo se asoman al tercer mes del año con un ánimo cargado de expectativas, generadas por la actuación del gobierno de Lenin Moreno, que en medio de una sociedad atomizada políticamente pidió el paraguas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para endeudarse más e implantar nuevas medidas de recortes neoliberales.

Hace apenas una semana, el presidente llevado de la mano de su amigo y antecesor en el cargo, Rafael Correa, al Palacio de Carondelet, anunció que el FMI —el mismo que ahoga a Argentina por segunda vez— aportará 4200 millones de dólares, en tanto otros cinco entes prestamistas mundiales, como el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo, llevarán la cifra hasta 10 200 millones de billetes verdes.

Para el exvicepresidente durante seis años del gobierno de Correa, la recepción de dinero, que está sujeta a ajustes y recortes para pagar con altos intereses, no es —afirma— un salvavidas para una economía en términos recesivos, sino la seguridad en su capacidad de dirección y en un repunte interno.

“Hemos recuperado la confianza y la credibilidad (…) las más importantes organizaciones mundiales han decidido sumarse al camino que estamos construyendo”, expresó el mandatario, a quien los movimientos sociales y sindicales miran con ojeriza y rechazan en las calles con protestas y paros.

La información presidencial ocurre luego de una serie de reuniones entre las autoridades ecuatorianas y los representantes de los siete multilaterales que llegaron a Quito el pasado día 18. Antes, Moreno y su equipo económico se entrevistaron con la gerente-directora del FMI, Christine Lagarde.

Aún cuando el mandatario, que se separó del Movimiento Alianza País de Correa y juntó filas con renombrados apellidos de la derecha de Ecuador a la que combatió cuando era un vice progresista, repite que los préstamos con los acreedores internacionales se contrajeron para ayudar a las clases más vulnerables de la nación. Son pocos los que creen en sus palabras.

Para analistas, como Gregorio Simpson, de la Universidad Autónoma de México, el Estado no sabe jugar su papel en el intento por desmarcarse de la etapa de Correa, pues no encuentra una medida que supere lo alcanzado en el llamado período de diez años del buen vivir de la Revolución Ciudadana, a la que culpa, además, de la ineficiencia de su administración.

Moreno ha hecho malabares políticos ante el peligro de una caída estrepitosa cuando ya no le sirva a los intereses capitalistas a los que se unió. Nombró nuevas autoridades públicas en los principales cargos del país, reformó el ejecutivo, eliminó siete ministerios, pero los resultados en las políticas públicas están por verse.

En Ecuador existe un presunto desorden político-estatal latente, incluso cuando para racionalizar la gestión del Estado unificó hasta tres carteras en una, sin un criterio moderno, sino uniendo organismos que pocas relaciones tienen entre sí.

El presidente decidió dejar atrás su supuesto progresismo, y entró de lleno en el camino neoliberal, pero sin un dominio de las reglas del juego. A la privatización, los asesores económicos de la presidencia la llaman “concesiones”. Ese es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), una empresa estatal creada hace diez años que ahora el gobierno pretende entregar por 4000 millones de dólares sin conocer el evalúo de la entidad y los parámetros internacionales de venta.

Igual ocurre con las hidroeléctricas, otras de las grandes fortalezas económicas del país que pronto, se espera, irán a licitación.

Moreno, a quien medios políticos locales le reclaman sus declaraciones xenofóbicas contra venezolanos residentes en Ecuador, ordenó reducir el 10 % de la nómina de las empresas públicas en poco más de una semana, a cumplirse el último días de este mes.

Lo desquiciante de los despidos es que no hay un criterio técnico sobre los puestos a eliminar y los perfiles técnicos requeridos en al menos 21 empresas estatales.

Una sencilla cuenta numérica indica que el 10 % de la empleomanía de la CNT, con 7114 empleados, significa la eliminación de 711 cargos. Petroamazonas (7200) deberá despedir a 720 trabajadores. Se estima que los despidos, en primera instancia, perjudicarán a unos 4000 trabajadores estatales.

Economistas como Rodrigo Rojas dijeron en Guayaquil, uno de los bastiones del capitalismo ecuatoriano, que Moreno no sabe lo que hace. “Hay un estado de subsidios en medio de una economía de mercado de libre competencia, lo cual crea —indicó— una anarquía total.

No obstante, el escenario más optimista de crecimiento del país para este año es el que plantea el Banco Central con 1,4 %; mientras que el más pesimista lo tiene el FMI, con 0,73 %.

El jefe de gobierno, en su afán de cambios que hagan olvidar a la Revolución Ciudadana, que él ayudó a fundar, decretó en fecha reciente una nueva organización del Ejecutivo, con los llamados “Gabinetes Estratégicos” y seis Gabinetes Sectoriales, con una delegación de funciones al vicepresidente y a los ministros coordinadores de tales instancias.

El conjunto de medidas que parecen anárquicas, según el artículo “¿Hacia dónde vamos?” del diario El Telégrafo, indican la carencia de una dirección estratégica del Estado, que busca protección a su ineficiencia en el dinero del FMI y sus socios principales. “Hasta ahora —planteó el diario— no hay un plan económico integrado, con metas programadas, salvo las reformas que debe acometer para pagar sus endeudamientos públicos”.

Las recientes movilizaciones populares y sindicales en Ecuador demuestran el rechazo de la clase obrera y la población al antiguo vicepresidente que, entre otras medidas que lo alejan de la política progresista en América Latina, no solo vendió su alma al capitalismo, sino que contribuye a quebrar la unidad de la región.

No puede interpretarse de otra manera su orden de sacar de Quito la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, una idea que Ecuador apoyó desde su fundación. Igual hizo con la delegación del gobierno y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional de Colombia, a los que despidió de la capital donde celebraban conversaciones en busca de la perdida paz en el vecino país.

Es en este panorama que Ecuador vuelve a las urnas el próximo 24 de marzo, en que se efectuarán elecciones seccionales con la participación de 279 organizaciones políticas —en 2014 fueron 121— sin presencia nacional en su mayoría.

Estos comicios marcan una abismal diferencia con los celebrados en la época de la Revolución Ciudadana, cuando existían fuertes grupos con incidencia en las instancias políticas, más próximos a la población.

En septiembre pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó 279 agrupaciones, entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, lo que significa un aumento del 130,5 % respecto a las admitidas para las seccionales de febrero de 2014.

Politólogos consultados por la multinacional TeleSur opinaron que el crecimiento político se debe a la carencia de fuerzas consolidadas, lo que incidió en la aparición de nuevas agrupaciones.

Para Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, la década pasada dominó el movimiento Alianza PAIS, que al desaparecer bajo el actual gobierno dejó sin contrapesos políticos al país.

Camacho advirtió otro problema que acarreará esta atomización de partidos y candidatos, que es la legitimidad de quienes salgan elegidos, pues por la gran cantidad de postulantes a las diferentes dignidades “tendríamos triunfadores con el 15 % de votos”.

Un artículo de la Universidad de San Francisco de Quito, titulado “Crisis de partidos políticos”, indica que pese a que el país pasó de un sistema de partidos de gran pluralismo a uno que predominaba Alianza País, la realidad indica que es lejana la idea de tener un sistema electoral fuerte e institucionalizado.

La analista política Patricia Hidalgo Albuja opinó que conoce de candidatos que se inscriben únicamente para aprovechar los fondos partidarios y de esta manera “darse a conocer, ya que el CNE paga la promoción electoral”. Por eso, dijo que se debe exigir experiencia a los candidatos y nivel de preparación académica; “en general, las listas están llenas de gente que no sabemos por qué están allí”.

Los electores tendrán ante sí un espectro de 80 821 postulados para elegir, entre ellos, a los prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales del país.

*Publicado originalmente en Cubahora.cu