¿De qué memoria hablamos?

Por Eduardo Gómez 

Los recientes acontecimientos vinculados a la libertad “condicional” de genocidas condenados y la nominación de un ministro de cultura que ataca al museo de la memoria, no son hechos que deben tomarse como azarosos o imprudentes, sino que es necesario verlos como parte de una nueva ofensiva de sectores reaccionarios en la lucha por reconstruir su fuerza.  

Las reacciones a estos intentos no son uniformes, también responden a diferentes posiciones e intereses. La memoria no es un ejercicio pasivo y especulativo sino que un terreno de relaciones sociales en que se construye fuerza moral y política. En ese sentido, es importante que el sector de izquierda crítico y combativo asuma esta confrontación con su propia perspectiva y no se cuelgue meramente en lo que se ha denominado la “defensa de los derechos humanos” (DDHH). 

En el marco de la represión desatada por las fuerzas armadas a requerimiento de la burguesía, el surgimiento y accionar de las organizaciones de DDHH permitieron agrupar fuerzas, resistir el embate, proteger a militantes y personas cercanas, establecer un espacio de lucha social, política y cultural hacia el conjunto de la sociedad. Esa lucha surgió como una necesidad propia de ese momento histórico, constituyéndose en un aprendizaje y patrimonio de lucha para el campo popular. Por su lado, una vez que la burguesía “ordena la casa” y ya no requiere del uso de la fuerza militar ni de la dictadura como forma política, se encuentra con el “problema” de qué hacer con la herencia represiva que posibilitó su “régimen transicional”. Una democracia -aún de bajísima intensidad como la chilena- no podía desentenderse de la matanza, tortura, encarcelamiento y represión de miles y miles de personas encabezada por el Estado. Por el contrario, la fracción de la burguesía que asume la conducción del régimen transicional logra convocar fuerza popular a partir de la confrontación política a las lógicas represivas de la dictadura. 

Pero desde los comienzos del régimen institucional, queda claro que los objetivos levantados por los organismos de derechos humanos y su combatividad militante no formaban parte del programa ni del “ethos político” de la nueva fuerza gobernante. Así, mientras mantenía alejadas del escenario político a las organizaciones políticas vinculadas a la resistencia, se apropiaba de los conceptos construidos por ese movimiento –asumidos en su momento como defensa estratégica frente a la represión- que sí le acomodaban al nuevo régimen burgués. Se declaró la necesidad de justicia a los militares represores, pero en la medida de lo posible; se asumió como propia la necesidad de registrar los hechos ocurridos, pero denominándolos víctimas de la violencia y sin ahondar en la lógica político-económica de la represión; se aceptó la necesidad de generar mecanismos de reparación, pero retaceados y limitados a lo económico. Finalmente, la burguesía chilena en su conjunto, guiada por la nueva pequeña burguesía progresista, asume la necesidad de promover la defensa universal de los derechos humanos y crear una memoria “ad hoc” de los hechos del pasado, con el fin de que la violencia política no vuelva a ocurrir. Por ello en el Museo de la Memoria podemos encontrar a Carabineros como víctimas y a personeros de derecha como miembros del directorio. 

A cerca de 30 años del fin de la dictadura, hay que reconocer que lo que se ha avanzado en el conocimiento, esclarecimiento y justicia respecto de la represión de estado ha sido producto de la insistencia y militancia de personas y organizaciones vinculadas a la resistencia en dictadura yque han continuado luchando en el régimen institucional. Sin ello no hubiera sido posible ninguna conquista. Sin embargo, también hay que reconocer que las clases dominantes han logrado “deslavar” una historia de lucha y resistencia popular que tuvo como objetivo cambiar el régimen burgués.La represión no fue un acto de maldad. Las clases dominantes tienen claro que, para defender sus intereses estratégicos, debían reprimir y eliminar una cultura representada en cuerpos militantes. 

Su lucha interna se da entre fracciones que entienden que no pueden defender esa decisión, que necesitan rechazarla pero también contextualizarla apelando a la idea de los excesos y del clima de violencia de la época, y otra que asume claramente la decisión de defender su régimen por la fuerza. En el marco de esa disputa burguesa, la izquierda debe definir claramente sus propios objetivos. Esto implica, por un lado, continuar recuperando el carácter social y político de las y los compañeros que fueron reprimidos por ser militantes, combativos y críticos. No podemos adscribir y prolongar sin más los conceptos de “víctimas de la violencia” y de la “violación de los DDHH”. Por otro, debemos hacer ver el carácter racional que asumió la represión para la clase dominante, las razones de su decisión y su conexión con el presente.