Cientos de miles de desapariciones forzadas por año en América Latina

Por Lídice Valenzuela*

Cada año miles de personas son raptadas sin ser encontradas jamás. Son  lloradas y buscadas por sus familiares ante el silencio de las autoridades.

Aunque esa situación es mundial, América Latina, con más de 600 millones de habitantes y una carga ya casi endémica de narcotráfico, paramilitarismo y corrupción – con iniciativas importantes para que sea convertida en Zona de Paz, cada vez más lejana, posee una extensísima relación de desaparecidos por la fuerza.

En este siglo XXI hay casos estremecedores en esta región, que oficialmente ya no cuenta con dictaduras militares como las de los años 80 del pasado siglo, cuyas características era apresar, matar, y enterrar o lanzar al mar desde aviones a quienes se les oponían, para que no fueran encontrados jamás.

Ahora, cuando la región en su conjunto se considera ¨en democracia¨ nuevas formas de neutralizar la rebeldía de aquellos contrarios al pensamiento neoliberal se hacen presentes en Latinoamérica.

A diario se conocen casos de mujeres que se esfuman en una nada eterna, en especial en naciones donde existe la lucha entre quienes reclaman sus derechos humanos y regímenes de derecha que intentan, a cualquier precio, entregarle sus riquezas a corporaciones internacionales en detrimento de sus poblaciones.

Latinoamérica es, salvo excepciones de algunos países, una región donde, según estimaciones oficiales cada año desaparecen de manera forzada más de 100 000 personas, una inmensa mayoría por razones políticas.

Se trata de una guerra no declarada pero existente en la que la derecha regional está unida para desmembrar la resistencia que opone la ciudadanía a su estratégico plan de entregarle la región a Estados Unidos (EE.UU.), que reivindica la antiquísima Doctrina Monroe y su ideología de ¨América para los americanos» (del Norte).

Dos casos emblemáticos lograron que los focos del mundo voltearan hacia esta zona geográfica: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes, aun adolescentes, que se formaban como profesores en Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, y la del joven artesano Santiago Maldonado, en Argentina, en 2017.

Todavía se desconoce en qué circunstancia las autoridades de Ayotnizapa entregaran a los muchachos, que iban a participar en una protesta contra una medida oficial, supuestamente primero a la policía y esta al grupo mafioso Los Guerreros, para que los aniquilaran.

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió una respuesta válida sobre el destino de los estudiantes, nunca lo hizo, a pesar de la lucha de los familiares. Ahora, el nuevo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con ellos a otras investigaciones de rigor, pero hasta ahora los restos no han sido encontrados.

El argentino Maldonado, 28 años, participaba en una protesta de una comunidad indígena mapuche en reclamo de tierras en una zona rural de Chubut, en la Patagonia, adonde se había mudado luego de residir en Buenos Aires. Los terrenos hoy están en poder del empresario italiano Luciano Benetton en tanto los mapuches los siguen reclamando como propios.

Los manifestantes fueron dispersos por disparos de soldados de Gendarmería cuando estaban en la ruta nacional 40, en Cushamen. Testigos vieron esconderse a Santiago, quien fue descubierto por Gendarmería, detenido y montado en una camioneta de esa corporación armada. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Su cadáver apareció flotando en el río Chubut dos meses después. La zona ya había sido rastrillada.

Las desapariciones forzosas son comunes en las tierras de América, un fenómeno incrementado en los últimos 12 meses luego de la organización de caravanas con miles de emigrantes centroamericanos  que tratan de llegar a EE.UU. a través de la frontera con México.

Se estima que centenares de esas personas han sido capturadas por bandas mafiosas para asesinarlos y extraerles órganos vitales que luego venden. Niños o mujeres que destinan a igual suerte o a la prostitución. O simplemente las llamadas ¨labores de limpieza¨ para evitar que sigan hacia México.

Es tal el escándalo que el Estado mexicano estableció tres mecanismos: una Comisión Forense, una Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y un Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, con el objetivo de ofrecer respuestas innovadoras y tratar la cuestión desde su dimensión transnacional.

Colombia es una de las naciones con mayor número de desaparecidos, con más de 250 000 en la guerra civil que duró 50 años. Unas  80 000 personas se han ausentado para siempre tanto en Bogotá, su peligrosa capital, y en comunidades donde hay conflictos civiles.

México, donde el terror forma parte del cotidiano, tiene también una alta tasa de desapariciones forzada. Según elRegistro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México hay 46 265 personas en esa situación hasta abril de este año, siendo Tamaulipas el estado con más alto número de víctimas (5 900), seguido por México, y Jalisco.Se han hecho denuncias sobre bebés de cero a cuatro años, mujeres y hombres.

Ante la impunidad oficial, en El Fuerte, estado de Sinaloa, 34 familias que buscaban a sus seres queridos decidieron unirse bajo el lema ¨Te buscaré hasta encontrarte¨. Este colectivo fue bautizado Rastreadoras del Fuerte. Hasta el momento las ¨rastreadoras¨ encontraron 122 cadáveres en fosas comunes.

En Argentina, las dictaduras militares dejaron 20 000 desaparecidos. Tras la instauración de gobiernos civiles en 1983, organismos de derechos humanos estiman en 15 la cifra de nuevos casos hasta junio de 2017. El último conocido fue Santiago Maldonado.

Cada día, el diario Página 12 publica desde hace mas de 30 años los recordatorios de los desaparecidos que familias y amigos acercan a su redacción. También tienen un lugar en la web de ese medio.

En Perú, durante los años de violencia bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) fueron desaparecidas más de 15 000 personas y de ellos solo encontrados los restos de 865. Sin embargo, se desconoce la cantidad exacta de las víctimas del conflicto armado (1980-2000), aunque se consideran que hubo más de 100 000 desapariciones forzadas.

Ecuador no brinda cifras, lo que ha sido criticado por defensores de los derechos civiles. Se estima por la Defensoría Pública de ese país que hay 4 000 ciudadanos en esa situación, sin especificar las causas, ni las fechas de sus pérdidas.

En Bolivia, Nila Heredia, presidenta de la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los casos de 150 connacionales desaparecidos  en el período 1964 – 1982 (durante los regímenes castrenses), aunque el número parece bajo, dada la represión de los militares.

En Uruguay, la Secretaría de Derechos Humanos estima en 192 los desaparecidos durante la dictadura militar que ocupó el poder entre 1973 y 1985. Luego no se reportaron más casos.

En Brasil, cada día desaparece un número indeterminado por personas, pues los distintos gobiernos no ofrecen cifras. Se estima que a los asesinos a sueldo se unen grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio para la oligarquía.

La región de Centroamérica concentra un altísimo número de raptados, en especial jóvenes. Sin embargo, los desaparecidos por las bandas de delincuentes comunes, como Los Mara, o grupos represivos, se desconocen de manera oficial. Guatemala, Honduras y El Salvador cuentan con cientos de miles de desaparecidos, en un clima de absoluta impunidad. Debido a la violencia, la emigración es continua en esas naciones.

*Publicado originalmente en Cubahora.cu