El Chile empresarial: Mientras el rico engorda, el pueblo padece maltrato, abuso y robo

Por Ulises Gallardo, Magister en Historia

El modelo económico chileno, el modelo neoliberal, lleva más de cuarenta años sometiendo al pueblo a las más injustas condiciones de vida. Mientras el empresariado suma y suma riquezas, producto de la venta de las empresas que, alguna vez, fueron de todos los chilenos —como el agua, la luz, la compañía de teléfonos, entre otros tantos beneficios que fuimos perdiendo antes y después de la dictadura—, los trabajadores siguen llenando los bolsillos de los empresarios, que imponene sus abusivos precios.

Agua potable: elemento vital de la vida

El agua es un elemento esencial de la vida. Si una persona normal puede vivir sin comer hasta dos meses, sin agua no pasa de dos o tres días. No debería haber restricción alguna, en una sociedad organizada, para que todo ser humano tuviera acceso libre e ilimitado al agua potable. Esa responsabilidad debería ser asumida por toda la sociedad a través de un Estado democrático y solidario.

En Chile, en el momento en que el agua brota “pura y cristalina de la madre tierra”, ya es una mercancía como cualquier otra, con dueños que la venden al mayor precio posible. En Santiago, la empresa francesa, Suez Environment, posee el 51% de las acciones de Aguas Andinas. El resto, se reparte entre poderosos cómplices locales, como los dueños de Falabella, Homecenter y Mega, entre otros.

Sus altísimas tarifas no hacen diferencia entre el consumo doméstico y el consumo de la gran industria o comercio, lo que representa un subsidio a costa de los hogares para la explotación industrial y minera, que consume y contamina en grandes proporciones. Tampoco se diferencia entre hogares de mayores y menores ingresos, lo que hace que, en barrios ricos, el agua representa un costo marginal del gasto doméstico, mientras en sectores de trabajadores es una pesada factura.

Transantiago: el trasporte de los pobres y la clase media

En 1981, la dictadura de Pinochet terminó con la Empresa de Transportes del Estado, ETC, y dejó vía libre a una multitud de pequeñas y medianas empresas privadas de transporte público.

En 2005-2006, los gobiernos de Lagos y Bachelet concentran el transporte público de Santiago en sólo 7 grandes empresas, tres de las cuales son de capital colombiano, —Alsacia Subus y Express de Santiago Uno—, una francesa —Redbus, de Transdev Group— y tres de capital chileno, —Vule, MetBus y STP Santiago—.

Quien recauda y distribuye los ingresos del sistema de trasporte es un Administrador Financiero, compuesto por 5 bancos: BancoEstado, Banco Santander, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Chile y Banco Falabella. Parte importante de esos ingresos proviene de un subsidio estatal que, en 8 años, supera los 5.000 millones de dólares —a los que se suma un fondo-espejo para empresarios de regiones, que supera los 300 millones de dólares—. El administrador es, también, una bolsa de trabajo y recompensa para ministros y otros servidores públicos, entre una y otra peguita en el Estado.

En resumen, concentración monopólica, repartija para los apitutados de siempre, y un servicio malo y caro que, además, se propone reprimir y castigar a quienes no tienen dinero para pagar el pasaje, con un rigor que no hemos visto aplicar a ladrones y estafadores de mucha mayor monta, cierto que mejor conectados. Contando sólo los pocos usuarios que se dan la molestia de dejar registrado su reclamo, el año pasado hubo 27.978 quejas por mal servicio.

La tarifa ya pasó de $380, en 2007, a $640, hoy, y los administradores del sistema reclaman una tarifa de $1.000, quejándose del alto nivel de evasión. Es decir, si ya muchos no pagan por ser muy caro, hay que hacerlo más caro y represivo. Así piensan los dueños de Chile, y así quieren tratarnos.

Isapres: la salud en manos del empresariado ladrón   

Las Isapres, Instituciones de Salud Previsional, son como las AFP, una estafa creada en dictadura para entregar capital fresco al sistema financiero y clientes, a las empresas privadas de salud. Todo trabajador contratado debe, obligatoriamente, estar inscrito en Isapre o Fonasa, el seguro ofrecido por el Estado, pagando 7% de su sueldo. En caso de enfermedad, la Isapre contribuye a financiar la mayor parte de los gastos.

Sin embargo, usan una serie de trucos para aumentar el valor de las contribuciones, como castigar con la suposición de un costo mayor a las mujeres en edad fértil, o a adultos de más de 60 años. Igual, lo que cubren las prestaciones son atenciones mínimas, lo que obliga a comprarles planes complementarios más caros o seguros de salud voluntarios.

El mercado de la salud es altamente concentrado. Sólo 6 empresas se reparten, en partes casi iguales, cerca de un millón 700 mil afiliados y más de 216.000 millones de pesos al año. Al tercer trimestre del año pasado, las ganancias de las Isapres sumaron $28.872 millones, un alza de 42,5% en relación a igual período del año anterior.

Aun así, “toda la industria enfrenta una crisis ante las judicializaciones y los costos” — se quejan—. El principal costo es el envejecimiento de la población: Aumento de 6,4% de cotizantes mayores de 60 años que, además, ahora recurren a la justicia —judicialización— para congelar el precio de sus planes,  en lugar de abandonar la Isapre, al no poder pagar los usureros aumentos.

Sin embargo, se tramita la quiebra de Isapre Masvida, que dejaría sin seguro de enfermedad a 310.000 personas, que siguen pagando su obligatorio 7% mensual, sin saber adónde fue a parar su dinero, ni qué pasará con ellos en caso de enfermedad. Sin plata y sin seguro, deberán buscar solos otra Isapre, donde se les considerará preexistencia de enfermedad cualquier atención de salud que hayan recibido y, por lo tanto, sus planes serán aún más caros.

En resumen, que las mujeres tengan hijos, la gente se enferme o viva demasiado, es un pésimo negocio para los codiciosos empresarios de los seguros de salud privados.

Es tiempo de decir basta. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de recuperar nuestra dignidad.