Carta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos al Presidente de la Corte Suprema

Señor Ministro Haroldo Brito Cruz.Presidente.

Excelentísima Corte Suprema de justicia.

Presente.

Nos dirigimos a Usted para manifestar nuestro absoluto rechazo por la

señal política que ha dado el Poder judicial, en consonancia con este gobierno, en la

línea de favorecer la impunidad respecto a los graves crímenes de lesa humanidad cometidos

en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 tal como en

los peores años de la dictadura.

La decisión de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemller, Manuel

Antonio Valderrama y de los abogados Ricardo Abuauad y Antonio Barra

de conceder el beneficio de la libertad condicional a 5 presos

condenados por violaciones a los derechos humanos, dando la espalda al

derecho internacional, violenta tremendamente a quienes hemos luchado

por cimentar el nunca más.

Erran estos ministros al decir en su fallo que” las Convenciones

suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden

reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad

mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.

Permítanos recordarles que la legislación internacional de la que

Chile es parte si fija impedimentos y condiciones para otorgar

cualquier tipo de beneficios que considere la libertad anticipada.

Entre ellas: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25

años en caso de cadena perpetua , haber manifestado desde el principio

y de manera continua su voluntad de cooperar con la justicia, haber

facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones de la

justicia, que el condenado revele una autentica disociación de su

crimen, que haya tomado medidas en beneficio de las víctimas, y los

efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus

familias.

El hecho de que a 28 años del fin de la dictadura sigamos buscando a

nuestros desaparecidos y que la mayoría de ls perpetradores no hayan

sido juzgados, o hayan sido condenados tardíamente a penas que no se

condicen con el horror de sus crímenes, es prueba suficiente para

demostrar que las condiciones para evaluar beneficios carcelarios en

Chile no están dadas.

Esto no se trata del dolor de las víctimas ni de la vulneración

permanente de nuestros derechos al negarnos la verdad, la justicia y

la reparación. Se trata de como el Estado en general y el Poder

Judicial en particular cumplen con sus obligaciones en materia de

derechos humanos. Los Jueces debieran saberlo: la gravedad de estos

crímenes ofenden a toda la humanidad y, por tanto, resulta

impresentable la decisión de los ministros de la segunda Sala de la

Corte Suprema de conceder la libertad de estos criminales de lesa

humanidad como si se tratara de delincuentes comunes.

Es verdad que ningún gobierno, ni los pasados ni el actual, ha sido

capaz de adecuar nuestra legislación interna a estos (y otros)

estándares de derechos humanos. Pero es deber de los órganos del

Estado respetar y promover los derechos humanos garantizados en los

tratados internacionales ratificados por Chile. Por tanto, el Poder

judicial está obligado a aplicar los avances del derecho internacional

de los derechos humanos, que ha sabido incorporar el aprendizaje

colectivo de nuestra humanidad tras los horrorosos crímenes cometidos

contra tantos seres humanos en distintos lugares del mundo, incluido

nuestro país.

Llevamos años intentando que Chile, con su triste convicción de que

los derechos deben avanzar en la medida de lo posible, se encuentre

con su verdad, pero el silencio de los perpetradores con su operación

de encubrimiento institucionalizada y la falla de decisión de un

Estado que no ha querido avanzar en el esclarecimiento de estos

crímenes ha devenido en una sociedad que corre el riesgo de repetir la

historia. Porque aquí no luchamos solo por nosotras y nosotros.

Luchamos para que las nuevas generaciones crezcan sobre un acuerdo

social que no pueda ser rebatido por nadie: que los derechos humanos

deben ser respetados en todo tiempo y lugar. Para eso, debemos

construir nuestro futuro sobre los firmes cimientos de la verdad, la

justicia y la memoria, y terminar con la impunidad. Esa, Señor

Presidente, es la labor de los tribunales de justicia, labor que hoy

no están cumpliendo.

Lorena Pizarro Sierra

Presidenta,  Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.