El día histórico para la (contra) reforma educacional, cuando el paradigma empresarial se disfrazó de “desmunicipalización”

Por Nicolás Campos

El día de ayer fue despachado el proyecto de ley de desmunicipalización por el Congreso con 93 votos a favor en la cámara de diputados y con una unanimidad en el senado, lo que parecería indicar que el país contará con una nueva ley que re definirá el funcionamiento de la educación “publica” en el mediano plazo. En esta línea la Ministra Del Piano aseguro que el 3 de octubre es un día histórico para Chile. ¿De qué trata y qué contempla el proyecto de “desmunicipalización” impulsado por la Nueva Mayoría (NM)?; ¿Corresponde a un proyecto transformador para la educación del país? O más bien, ¿Se entiende como un brazo más de la (contra) reforma educacional impulsada por el gobierno?. Estas son algunas de las preguntas que organizarán la presente columna.

Sin medias tintas. Como quizás pudieron imaginar hay que comprender al actual proyecto de “desmunicipalización” (con comillas) como un elemento más que intentaría darle coherencia al sistema educacional chileno con las demandas del mercado. Esta ley así como el conjunto de leyes que componen la Reforma Educacional se encuentran vinculadas y orientadas a los paradigmas internacionales fijados por la OCDE, el Banco Mundial y la CEPAL, más no así con las demandas del movimiento estudiantil. Estos consensos emanados desde las instituciones antes descritas asegurarían que la educación en nuestro país no posee los estándares de calidad que un país en vías de desarrollo o desarrollado debería tener. Se entiende calidad como el valor agregado a la producción de capital humano, lo cual es básicamente aquello que nuestro país debería comenzar a producir: sujetos que cuenten con una mayor especialización técnica e intelectual que les permitan inscribirse en las demandas del mercado internacional con mayor facilidad.

En este sentido, el proyecto de “desmunicipalización” de la NM se basa en fines ajenos al contexto nacional, específicamente a lo expresado por el movimiento estudiantil basando su programa en lo dictado por órganos internacionales con el objetivo de encajar de mejor forma en los nuevos paradigmas económicos y políticos mundiales.

En este sentido, debido al crítico diagnóstico que los informes internacionales hacían de la calidad y del sistema educacional chileno en general, la NM y ahora el Estado, debieron volver a definir el rol de este último en pos de cumplir con las expectativas descritas en el párrafo anterior. Para aquello, el razonamiento que debieron tener y, en el cual se funda el proyecto de des municipalización, fue, más o menos el siguiente: “Las municipalidades y actuales sostenedores de los establecimientos no están realizando de forma correcta su labor, por lo que su gestión debe ser re definida y re asignada”. Esta nueva asignación de roles administrativos para con la educación “pública” es asumida por el estado a través de la creación de una nueva institucionalidad en la que destaca el latiente rol empresarial que la inspira y organiza.

Básicamente esta propone la creación de la “Dirección de Educación Pública” la cual es el representante del Ministerio de Educación y que a su vez se relacionará con el “Servicio Local de Educación” los cuales estarán encabezados por la figura empresarial del Director Ejecutivo, el cual será el encargado de la “provisión y gestión educativa” apoyado por un Consejo Local y un Comité Directivo. Notamos así como el Estado en definitiva no se hace cargo de la Educación Pública sino que la delega en diferentes organismos de matriz empresarial. Ahora bien, sería injusto comprender la construcción de una esfera pública y en este caso, de la educación pública, como netamente la acción estatal: ¿Qué pasa con las comunidades educativas en este proyecto y su eventual poder de decisión? Si bien, la “desmunicipalización” en forma de ley de la NM se jacta de que otorga protagonismo a las comunidades educativas es necesario desmitificar esta premisa. Esto, debido a que los “Consejos Escolares”, máxima instancia en el que la comunidad educativa se encuentra) solo pueden definir lo referido al Reglamento Interno y las actividades extra programáticas, en ningún momento serán las comunidades aquellas que podrán discutir, reflexionar y definir su proyecto educativo. Se sigue comprendiendo así, a las comunidades educativas (profesores y profesoras, estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la educación) como un elemento pasivo en el quehacer educativo. Son estas las que quedan relegadas al final por la irrupción de la lógica empresarial. En este sentido, hay que preguntarse: si el mismísimo Estado asume que son las lógicas empresariales las únicas que pueden direccionar de forma correcta el sistema educativo ¿Debería sorprendernos que quien avanza con fuerza la carrera presidencial sea precisamente un empresario? La construcción de nuestra realidad y del sentido común se expresa muchas veces y se direcciona por políticas de este tipo.

Así, el proyecto que se acaba de despachar desde el Congreso no guarda relación con lo expresado por el movimiento estudiantil, sino que solo re define el rol del Estado en la educación en una dirección contraria a lo que supone una verdadera des mercantilización de la educación, debido a que el problema es asumido como un cuestionamiento a la gestión y no así a los fines propios que debiese tener la educación del pueblo de Chile.

Cabe destacar que para que el proyecto de ley llegara a buen puerto, las fuerzas del gobierno debieron pactar con la derecha, cuya síntesis fue; que en aquellos municipios que cuenten con buenos resultados en lo que a calidad respecta, estos no perderán el derecho a administrar sus escuelas debido a que se encuentran en la línea esperable de desempeño. Esta indicación con la que cuenta el documento final permite comenzar a dilucidar las intenciones reales de la discusión actual. Quedando de manifiesto cual es el centro de la actual discusión, el cual, se insiste, reside netamente en asuntos de gobernanza y gestión.

En definitiva, nuevamente vemos como la discusión técnica y exógena a las luchas sociales marca las pautas de las políticas educacionales del país. En este sentido, es imperante re pensar la sociedad que aspiramos construir en donde el sistema educacional articulado debiese ser pieza fundamental de su construcción por lo cual la democratización de las decisiones, la articulación de las comunidades educativas, el financiamiento basal a un Sistema Nacional Articulado de Educación Pública son principios que deberían guiar nuestras demandas y en definitiva la construcción de un proyecto educativo pertinente a las necesidades de Chile.